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La representación de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aseguró el jueves que existe una campaña contra del gobierno para la cual se está utilizando el caso de la familia Barrios que esta semana tuvo su audiencia pública ante los jueces.
De acuerdo a la organización Cejil, que representa a las presuntas víctimas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso se refiere a la ejecución extrajudicial de siete miembros de la familia Barrios al parecer por parte de efectivos de la policía del poblado de Aragua.
En 1998 se presentó el primer asesinato, de Benito Barrios, y el más reciente apenas en mayo de 2011, de Juan José Barrios.
Aunque reconoció que en Venezuela al igual que en casi todos los países, existen irregularidades con la policía, retrasos judiciales y conductas que perduraron en el tiempo pero que se buscan erradicar, el agente venezolano ante la Corte Germán Saltrón calificó como “insensato” que se apunte a una política de Estado de ejecuciones extrajudiciales.
Entre sus argumentaciones aseguró que la Constitución venezolana es la más avanzada en el continente en derechos humanos, “incluso más avanzada que la propia Convención Americana de Derechos Humanos”.
“No se puede generalizar este caso y acusar al Estado de una política de exterminio. Esto es una campaña, ya este es el tercer caso (contra Venezuela en la CorteIDH) en lo que va de este año y vienen dos más… el Estado exige respeto e imparcialidad. Aquí se está exagerando el caso Barrios para acusar al Estado”, manifestó.
Apuntó que “se pretende criminalizar al Estado, al gobierno venezolano a través de la Comisión, que además apoyó el golpe…”, frase que no pudo terminar porque fue interrumpido por el comisionado de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro.
“Aquí estamos por el caso de la familia Barrios. Que yo entienda, la Comisión no está en juzgamiento y no es aceptable que se venga a un tribunal a atacar a otro ente del sistema interamericano”, expresó Pinheiro.
Al cierre de la audiencia, la CIDH y Cejil insistieron en la existencia de una “política sistemática de ejecución por parte del Estado que a su vez ha fomentado una política de impunidad”.
El fallo sobre este caso sería dado a conocer a finales de este año o inicios del 2012.
Ariela Peralta de Cejil destacó que en años recientes solo el 2,9% de los casos contra funcionarios terminaron en condenas, mientras que la Comisión comentó que la policía de Aragua “ha sido protagonista permanente hasta el día de hoy” en los casos de la familia Barrios.
Saltrón solicitó a los jueces “analizar este caso con sumo cuidado y pedimos que no se consideren los pedimentos que consideramos exagerados… piden cosas que son inadmisibles para el Estado”, dijo al mencionar que la pretensión económica de las presuntas víctimas asciende a poco más de 1,7 millón de dólares.
La audiencia comenzó el miércoles con las declaraciones de Eloisa Barrios, hermana y tía de las siete presuntas víctimas, del fiscal Néstor Castellanos, quien tuvo a su cargo algunos de los casos y como perita en el tema legal habló Magally Vásquez.
La CorteIDH, que tiene su sede en la capital costarricense, inició el lunes un periodo de sesiones ordinarias que se extenderá hasta el 9 de julio.
AP
