La nueva ley de costos y precios justos publicada el martes no atacará las causas de la inflación récord de Venezuela, como pretende el gobierno, y más bien inhibirá la inversión privada y aumentará la escasez a meses de las presidenciales de 2012, estimaron expertos.
“En ningún país del mundo el control de precios ha sido eficaz para hacer bajar la inflación. La inflación en Venezuela es alta, persistente e histórica y en lugar de atacar su causa, el gobierno ataca una de sus manifestaciones”, declaró a la AFP José Guerra, ex directivo del Banco Central (BCV).
En el primer semestre, Venezuela registró una inflación de 13% y en 2010, los precios subieron 27,2%, la tasa más alta de la región.
Esta nueva ley, aprobada por decreto por el presidente Hugo Chávez, en virtud de los poderes legislativos excepcionales de que dispone desde finales de 2010, contempla sanciones que pueden ir de la multa económica hasta la inhabilitación temporal para comerciar o la intervención de la empresa.
A partir de ahora, una Superintendencia Nacional revisará los costos y las ganancias y además fijará los precios máximos de sectores básicos como alimentos, salud, medicamentos, materiales de construcción y vivienda, educación y textiles, entre otros.
Para Chávez, esta ley dará “herramientas al Estado y al pueblo venezolano para derrotar la especulación, el acaparamiento y la voracidad del mercado y de la burguesía”.
La ley contempla que los militares y organizaciones ciudadanas como los consejos comunales, creados por el gobierno de Chávez, vigilen también el cumplimiento de esta ley.
Según el vicepresidente Elías Jaua, la finalidad es dar “la regulación, admnistración y control necesarios para mantener la estabilidad de los precios y defender el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios en igualdad de condiciones”.
Pero según Pedro Palma, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la ley va “contracorriente” ya que provocará un “clima hostil para las inversiones y la producción privada”.
“La acción punitiva a comerciantes y productores se va a traducir en escasez y eso implica subida de precios”, dijo a la AFP.
“Esta medida puede dar a corto plazo la sensación de que la inflación no sube pero a costa de la escasez: no es que el aceite está barato, lo que pasa es que no hay”, corroboró Guerra.
Venezuela, primer productor de crudo sudamericano, sigue importando la mayoría de los bienes que consume pese a que el gobierno ha recurrido a numerosas estatizaciones de tierras y empresas para incentivar la producción nacional.
“El gobierno habla de seguridad alimentaria y limita la producción. Si a un empresario se le hostiga, se le obliga a trabajar a pérdida o se le acusa pierde el interés en producir”, recalcó Palma.
En este momento, en Venezuela rige un control de precios para productos básicos, que ahora se verá incrementado con esta ley, y además existe un control de cambio que fija el valor del bolívar con respecto al dólar y limita la concesión de divisas por parte del Estado.
Esto ha estimulado el crecimiento de un mercado cambiario ilegal que hace subir los precios.
“Esta ley demuestra que el gobierno perdió su lucha contra la inflación y sólo le queda acentuar el control de precios”, insistió Guerra.
Jaua garantizó que esta ley no pretende castigar el emprendimiento privado sino “confrontar a los sectores especulativos que se han dedicado a expoliar durante años el derecho de los venezolanos a vivir con dignidad y justicia”.
Pero para Jorge Botti, presidente de la patronal Fedecámaras, esta ley será como poner “un candado al funcionamiento de la poca economía de mercado que existe en Venezuela”.
“La economía no entiende de ideologías: si tenemos más oferta de bienes y servicios, podremos tener crecimiento sin inflación”, explicó a la prensa.
“El bien más caro es el que no se encuentra”, recordó la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) en un comunicado.
AFP
