(Foto archivo)
El empresario, directivo de Globovisión, y ex presidente del intervenido Banco Federal, Nelson J. Mezerhane Gosen, a través de su abogado doctor Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hizo envío a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como parte del expediente que dicha instancia hemisférica lleva, de las declaraciones que recién da el Coronel y ex magistrado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, desnudando la injerencia activa del Presidente de la República y su gobierno en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales.
Dichas declaraciones, según Aguiar, revelan y prueban de modo palmario la colusión de poderes que existe en Venezuela y ha hecho posible la manipulación y uso de los jueces, por parte de unos funcionarios tolerantes con el narcoterrorismo y la corrupción, para perseguir a todos los venezolanos quienes discrepan o disienten de ellos.
Afirma el ex juez interamericano, representante de Mezerhane Gosen, que las declaraciones de Aponte Aponte son jurídicamente relevantes pues él, más allá de ser destituido recién por la Asamblea Nacional, “confiesa sus propias actuaciones; esas de las que es responsable como protagonista de la justicia penal y también como Fiscal General Militar, durante los años que dura el mandato de Hugo Chávez”. “No es un tercero quien afirma lo indicado”, agrega Aguiar.
Así mismo, refiriéndose al anuncio presidencial, aplaudido por las doctoras Luisa Estela Morales y Luisa Ortega Díaz, presidenta del TSJ y Fiscal General de la República, respectivamente, en cuanto a que Venezuela se retira de la Comisión Interamericana, observa el jurista que se trata de “fuegos artificiales”. “La denuncia de la Convención Americana, según su artículo 78, sólo se hace efectiva después de un año de preaviso dirigido al Secretario de la OEA, quien debe notificar del hecho a los demás Estados partes; no obstante lo cual la Comisión y la Corte Interamericanas continuarán conociendo de las denuncias y casos cursantes contra Venezuela hasta dicha fecha; pero resulta inviable ello, además, sin violarse el artículo 31 de la Constitución que le garantiza a cada venezolano dicho recurso ante la CIDH”, agrega.
De modo que, “el anuncio de Chávez, que hace acompañado por las “damas del poder”, aparte de confirmar la grave e inconstitucional colusión denunciada por el ex juez Aponte, a quien afecta es a ellos mismos y a los suyos”. Para el momento en que se haga realidad el deseo presidencial los titulares de los actuales poderes públicos de Venezuela estarán urgidos y necesitados de que algún organismo internacional de derechos humanos vele por ellos, cuando la Justicia los tome de las manos”. “Deben rogarle a Dios ellos, en lo particular, tener una Corte y una Comisión Interamericanas, donde llevar sus quejas”, concluye el representante de Mezerhane Gosen.
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