El alijo tuvo su revisión oficial. Tiene su certificado entregado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Es decir, si no ocurre una segunda revisión, llegaría a México sin problemas. Un agente aduanero, que forma parte de la empresa Somarca, explicó con detalles cómo fue el proceso para el traslado de la mercancía, informa La Verdad.
Juan José Faría / Maracaibo / jfarias@laverdad.com
El exportador ATP Logística, propiedad de José Gregorio Hernández, con varias cargas enviadas al exterior en su balance, habría comprado la mercancía a la empresa Bituplast, con sede en la Zona Industrial de San Francisco. Sobre él recaen los principales señalamientos en cuanto a las 91 pipas de 200 litros en las cuales viajaba la cocaína líquida. Jimmy Marín fue el agente asignado para el trámite.
Los 18 mil 200 litros de cocaína líquida viajaban en los envases de Bituplast, una empresa dedicada a la fabricación de productos para la impermeabilización de techos y que tiene su sede en la Zona Industrial de San Francisco. Como lo señala la reseña en su portal electrónico, se trata de la empresa líder en Venezuela en este rubro comercial.
El agente, quien reservó su identidad, es compañero de Marín, uno de los tres detenidos (hasta la tarde de ayer) por el caso. Asegura, frente a su residencia, que su conocido es inocente y que las instituciones gubernamentales se enfocaron en atacar a los agentes y no a los responsables de la inspección hace una semana. El barco nunca llegó a retirar la carga y fue en una segunda pesquisa que otros guardias nacionales hallaron la “sorpresa”.
Cómo ocurrió
Los representantes de ATP Logística solicitaron los servicios de Somarca para gestionar los documentos de las 91 pipas que exportarían la semana pasada, así que esta agencia encargó a Marín toda la responsabilidad. Ya en regla toda la documentación, las partes interesadas debieron estar presentes durante la inspección en el Puerto de Maracaibo. Durante ese proceso asistieron el agente aduanero (en este caso, Marín), el representante de Bituplast (propietaria de las pipas, según el agente), un trabajador del puerto (desconocido) y funcionarios de la Guardia Nacional.
El agente aduanero explicó que ese proceso caduca en 72 horas: después de revisada la mercancía, pasa a los almacenes y se mantiene allí durante un plazo máximo de tres días, en espera de su transporte. En caso de que el barco se retrase, la mercancía debe someterse de nuevo a una inspección similar.
En este caso, las 91 pipas pasaron sin contratiempos frente a la mirada de los funcionarios oficiales e ingresaron a los almacenes. Mariela Fuenmayor, exdirectora del puerto, explicó por vía telefónica que mientras estuvo a cargo de la Gobernación del estado, estos almacenes estaban arrendados a terceros y que estos eran los responsables de lo que allí se guardaba. Ahora esos depósitos están bajo la administración del Gobierno nacional.
“El barco no llegó”, enfatiza el agente, así que debió someterse a otra revisión. “Ahí fue cuando revisaron y encontraron la droga. No sé qué pudo haber pasado”, terminó.
“Si el militar no vio la droga…”
Para el agente cercano al hecho, resulta extraño que no existan otros detenidos, refiriéndose a los uniformados y trabajadores del Gobierno nacional. “Nosotros somos una agencia aduanera. Hacemos los trámites de unas pipas. Si esas pipas llevan droga no es nuestro problema. Si el militar no vio la droga, no es nuestro problema”.
Las palabras de la exdirectora del puerto refuerzan la declaración del agente. “Todo lo que entra o sale, es decir, del atraco y embarque, es responsabilidad del Gobierno. Los únicos autorizados para abrir un contenedor son los oficiales de seguridad (allí opera la Guardia Nacional, Sebín, etc). Todo es responsabilidad del Gobierno”.
En el Puerto de Maracaibo trabajan al menos 170 personas y no llegan más de 35 barcos al mes, la cantidad promedio diaria de Puerto Cabello. Los contenedores que allí se guardan son pocos y pueden ser revisados de forma cautelosa.
Hipótesis
Tomando en cuenta las palabras del agente y de Fuenmayor, ¿qué pasó en el Puerto? Ambos son cuidadosos al referirse a alguna hipótesis, pero resaltan que dos de ellas son las más probables: que los funcionarios encargados de la revisión no hicieron bien su trabajo durante la primera parte del procedimiento o que estos recipientes de 200 litros fueron cargados con la droga durante su permanencia en el puerto. Esta última hipótesis es la más delicada, puesto que el Gobierno nacional tendría vinculación directa con el caso.
Narcomilitares
A principios de febrero de este año detuvieron a dos miembros del Ejército y un funcionario de la Guardia Nacional con 506 kilos de cocaína en la zona de Aricuaizá, municipio Machiques. Uno de los detenidos, Luis Díaz Gil, es sobrino de Carlos Díaz Reyes, gerente de Control de Riesgos e Investigaciones de Pequivén y militar retirado que formó parte del grupo de Caballería Ayala que atacó el Palacio de Miraflores el 4 de febrero de 1992. Durante la detención de los involucrados, José Goncalves, jefe del Comando Regional Número 3 de la Guardia Nacional, aseguró que los militares conformaban una banda dedicada al tráfico de droga. También una fuente aseguró que el gerente de Control de Riesgos facilitaba la desaparición de urea en la petroquímica.
En mayo pasado la misma fiscalía (77 nacional) que hoy investiga el caso de los contenedores en el puerto acusó a estos funcionarios.
Pulpos
El 22 de diciembre de 2007 las autoridades de Portugal decomisaron nueve toneladas de cocaína líquida que viajaban en un cargamento de pulpo congelado. El alijo salió del Puerto de Maracaibo. La responsable del cargamento, Caribbean Seafood, estaba ubicada en el municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago.
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