Las leyes venezolanas abren la posibilidad de que el primer secretario de la Embajada de Venezuela en Kenya, Dwight Sagaray, acusado en Nairobi por el asesinato de la jefa de misión Olga Fonseca, pueda ser enjuiciado en el país debido a que el crimen se efectuó dentro de un espacio en el que Venezuela mantiene jurisdicción, y, además, tanto la víctima como el presunto victimario son nacionales, informa El Nacional.
JESÚS UZCÁTEGUI SUPERLANO
j.e.uzcategui@el-nacional.com
A juicio del profesor de derechos humanos Fernando Fernández, que además es activista de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, resultan aplicables los artículos 3 y 4 del Código Penal, que establecen que “están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal a los empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las Naciones, de conformidad con lo que establece la Constitución”, que prevé como tope los 30 años de prisión y no la pena de muerte prevista en la legislación de Kenia para estos casos.
“El Ministerio Público debe ser quien inste para atraer el fuero hacia acá, dada esta circunstancia de nacionalidad, pero naturalmente va a depender también de lo que diga el país requerido. En términos sustantivos, hay capacidad de las normas venezolanas para atraer el caso a la justicia criolla”, explicó Fernández, quien considera que por razones humanitarias Sagaray debería ser enjuiciado en Venezuela, pionero en el mundo en la abolición de la pena de muerte.
Para el catedrático y experto en Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, Venezuela hizo a un lado la inmunidad de jurisdicción, así como también retiró la inmunidad diplomática a Sagaray.
“Es cierto que el acto se cometió en un lugar donde no entra la jurisdicción de Kenia, pero el Gobierno venezolano permitió el ingreso y la investigación. La Policía de Kenia no está ahí porque le dio la gana, está porque Venezuela le dio permiso”, agregó.
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