Lo ilícito se multiplicó en la revolución. Los casos son públicos. Hay desde magistrados que denuncian relaciones del narcotráfico con el Sistema Judicial, militares favorecidos por empresarios, obras inconclusas hasta comida podrida en puertos del Estado. La contraloría falló.
La Verdad/Gabriela Moreno / Maracaibo / gmoreno@laverdad.com
La falta de independencia en los poderes propició la situación, señaló Mercedes de Freitas, coordinadora de Transparencia Venezuela y miembro de la organización Asistencia Legal Anticorrupción.
“Aquí no se interpela a los funcionarios públicos, no se autorizan ni avanzan investigaciones, no se exige al Ejecutivo requerimientos de ninguna índole para la aprobación de recursos. Tampoco hay críticas al presupuesto nacional ni a los programas sociales en ejecución”.
La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía incumplen con sus competencias. La situación traduce un “Estado con altos riesgos de corrupción porque existe poca eficiencia para comprobar que el dinero llega a donde debe y no se quedó en ningún bolsillo”.
No renovar al gabinete ni averiguar el desempeño de sus integrantes convirtió en “irresponsable” al Gobierno. Mercedes de Freitas sostuvo que es “evidente la impunidad al no revisar quiénes están alrededor de los casos y solicitarles su renuncia. Lo peor es que la población se siente impotente, cree que no se puede hacer nada”. Sus afirmaciones no son una “exageración”, dijo con énfasis. Se soportó en hechos.
Recordó que la Contraloría General de la República no incrementa su nómina desde el año 2000 para vigilar los ingresos multimillonarios con la venta de petróleo a mas de 100 dólares, las misiones, los ministerios nuevos y los acuerdos económicos internacionales a pesar de que “mientras más grande sea el tamaño del Estado hay más posibilidad para la apropiación indebida de un particular o un privado”.
Cuento distinto
“Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998 con la promesas de acabar con la corrupción pero en su gobierno, cada vez más autoritario, la administración de la riqueza nacional pasó de ser no satisfactoria a caótica”.
Ese es el balance de Gustavo Coronel, expresidente de Petróleos de Venezuela y exrepresentante en Venezuela de Transparencia Internacional.
Con cifras lo demostró en un artículo que publicó sobre el tema. “Alrededor de un billón de dólares del ingreso nacional se despilfarra en proyectos improvisados y costosos, distribuido a venezolanos en la forma de subsidios que compran un bienestar temporal para comprar influencia política para Chávez en el hemisferio y el mundo”.
Otros números lo corroboran. Venezuela alcanzó una posición deficiente en el Índice de Percepción de Corrupción 2011 (IPC) al obtener solo 1,9 puntos sobre 10 en la evaluación. Quedó en el puesto 172 entre 182 países incluidos en el informe.
Alejandro Salas, director para las Américas de Transparency International, lo atribuyó a una “institucionalidad débil”, donde el gobierno o actor político principal, es “muy fuerte y no hay balance de poder”.
Pero Coronel añadió otras razones. “La intensidad de la corrupción en la Venezuela de Chávez tiene un fuerte componente político, social y financiero con violaciones sistemáticas a la Constitución y las leyes”.
Para él, “podría decirse que la corrupción es el único componente del sistema político que se volvió más democrático. En contraste con las dictaduras del pasado, donde el ejercicio de la corrupción era un privilegio de una élite, Chávez permitió que una masa considerable de sus seguidores participen, en distinto grado, de la piñata del dinero”.
Los cambios
A Miraflores, Gustavo Coronel, la consideró “un centro de operaciones” que aprueba “cantidades significativas de dinero para subsidios a segmentos de la población para aumentar el paternalismo”.
Su concepto de PDVSA es que ya “no es una empresa petrolera, sino un conglomerado incoherente de diversos negocios que van desde la importación y distribución de alimentos hasta el entrenamiento de atletas. El Gobierno ignora con descaro los escándalos como la contratación de la plataforma de perforación mar adentro Aban Pearl a una empresa fantasma o el uso ilegal del Fondo de Pensiones de los empleados con fines especulativos”.
Destacó que el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional Bolivariana, en un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno para el Congreso de Estados Unidos, informó sobre una creciente corrupción en las Fuerzas Armadas con supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A su juicio, se generó “una nueva y corrupta clase social en reemplazo de la tradicional clase media, conformada por contratistas del Estado, familiares y amigos de las personas en posiciones de poder, oficiales de las fuerzas armadas y miembros de la burocracia estatal”.
Corrupción escandalosa
Eladio Aponte Aponte
Es exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Lo destituyeron de su cargo por su supuesta vinculación con el presunto narcotraficante Walid Makled.
Desde Estados Unidos, denunció que de la Vicepresidencia de la República “sale la directriz de lo que va a ser la justicia”. Admitió que recibió llamadas del presidente Chávez “para que favoreciera los intereses del Gobierno”. Asumió como un “pecado haber transmitido la orden de condenar a 30 años de prisión, como diera lugar, a los presos de los sucesos de abril”.
Luis Velasquez Alvaray
Es exmagistrado. Casos de Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, así como los de la jueza María Lourdes Afiuni; el exgobernador de Lara, Eduardo Lapi; los hermanos Guevara, acusados por el asesinato de Danilo Anderson; los comisarios de la Policía Metropolitana y el de “Mazuco” son falsos. “Fueron casos montados por petición de Chávez”. Señaló que existe la “Banda de los Enanos”, organización delictiva que -según denunció- opera en el sistema judicial con sobornos y extorsión.
Pudreval
En el año 2010 se descubrieron más de 134 mil toneladas de alimentos descompuestos de PDVAL de Puerto Cabello en Carabobo.
Aura Montero, diputada de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo de Carabobo, destapó el escándalo de “irregularidades” en la compra y manejos de las importaciones pero dos de los tres imputados en el caso de la descomposición de toneladas de alimentos, cargados en mil 196 contenedores pertenecientes a la red estatal, volvieron a sus puestos de trabajo en PDVSA.
El trío, enjuiciado por peculado culposo y boicot, goza de una medida de libertad condicional desde septiembre de 2011. Se conoció que Ronald Flores y Vileyka Betancourt regresaron a los cargos que ejercían dentro de la petrolera antes de ser imputados por la Fiscalía General. Mientras, Luis Enrique Pulido, expresidente de PDVAL, trabaja en la campaña electoral a favor de la reelección del presidente Chávez, según reportó el diario El Mundo Economía y Negocios.
Mackled
El empresario venezolano y presunto narcotraficante, alias “El Árabe” o “El Turco”, acusado de narcotráfico, declaró que ayudó al Gobierno en campañas políticas. Denunció a gobernadores, generales, contraalmirantes y hermanos de ministros que recibieron dinero provenientes de sus actividades empresariales, “como un millón de dólares”.
Antonini Wilson
Arribó en agosto de 2007 al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires (Argentina), en un vuelo fletado para empleados de PDVSA y oficiales argentinos lo detuvieron con un maletín con 790 mil 550 dólares que no declaró ante las autoridades aduaneras. Está detenido en Estados Unidos y colabora en las investigaciones con el FBI, pero el Gobierno de Venezuela niega las relaciones.
Central Azucarero Ezequiel Zamora
En 2002 comenzaron las alabanzas de lo que sería el mayor central azucarero, que no sólo supliría a Venezuela sino hasta países tan distantes como China. En 2003, se fijó la inauguración para 2005 pero en 2004 se perdieron de 3,2 millardos de bolívares destinados a la construcción.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó responsabilidad política para 19 implicados entre funcionarios públicos y particulares. Entre los sindicados figuran varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional, como el general de brigada (Ej) Delfín Gómez Parra, miembro de la directiva; el mayor (Ej) Orlando Herrera Sierralta y el capitán Franklin Castillo.
El FIEM
La supuesta malversación ocurrió en 2002 cuando 2,3 billones de bolívares no llegaron al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) en el que debían ser depositados los recursos del excedente petrolero. Nelson Merentes, ministro de Finanzas en la fecha, explicó ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que optó por pagar los sueldos y aguinaldos a los empleados públicos. Chávez lo respaldó.
La entonces procuradora, Marisol Plaza, dijo que “las normas no son de un cumplimiento tan rígido que vayan a pasar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y el Tribunal Supremo de Justicia negó la posibilidad de hacer un antejuicio de mérito al primer mandatario por el caso.
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