Cambiar de centro de votación a seis candidatos del oficialismo para que ejerzan su derecho al voto en los estados donde pretenden gobernar, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, lo calificó como un delito electoral, por ejecutarse fuera del lapso previsto para las reubicaciones, publica La Verdad.
A su juicio, “el acto que permitió los traslados hay que analizarlo”. Indicó que “si fue viciado el procedimiento de manera absoluta, que todo indica que sí lo fue porque las modificaciones se efectuaron fuera del tiempo, será obligatoria la revocación de oficio de la decisión”.
A la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá evaluar la medida. La Mesa de la Unidad está dispuesta a acudir a la instancia a exigir la reversión de las mudanzas y “con un fallo a favor se vienen las responsabilidades porque no se pueden establecer responsabilidades hasta que no se determine la nulidad. Si eso sucede, la Constitución establece responsabilidades civiles, penales y administrativas a los funcionarios públicos”.
A través de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que impone multas; la ley Anticorrupción, que sanciona la manipulación de la información o influencia para favorecer a una tendencia y la ley de Procesos Electorales se determinarían el destino de las autoridades que aprobaron las migraciones.
Pero Romero es poco optimista. Sostuvo que “no se le puede tirar el muerto al TSJ porque si se trata de nulidad absoluta, el Consejo Nacional Electoral está obligado a revisar los oficios y anular los traslados porque es probable que la estrategia del TSJ sea lavarse las manos, tomarse todo el tiempo que quiera para evaluar el caso y así no afectar la fecha de las elecciones”.
El abogado consideró que “la opción de la Mesa de la Unidad no puede ser bajar la cabeza frente al CNE como si nadie supiera que se pone del lado del gobierno. Hay que presionarlos a ellos”.
Lo avala
“Me parece adecuado que se ejerzan los recursos legales correspondientes porque los derechos están para ejercerlos”, fue lo primero que declaró Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al conocer las intenciones de la oposición.
Subrayó que el argumento de Socorro Hernández, rectora del ente comicial, de definir las mudanzas de los candidatos rojos como “actos excepcionales” implica que “por esa vía cualquiera pudiera pensar que tiene posibilidad de convertirse en una excepción, sin efecto cuantitativo pero que sí tiene significado cualitativo”.
Para la jurista “lo más importante es que se revierta la medida para que todos quedemos amparados por la ley en la misma medida, de lo contrario, ante la opinión pública se profundizaría el debate por la imparcialidad de las instituciones y los poderes públicos”.
Con rechazo
En un comunicado nacional, el partido Primero Justicia calificó como una “acción delincuencial” el aval del CNE a los traslados de candidatos oficialistas porque viola las normas electorales y es “una burla” al elector que no goza de los mismos “privilegios” de quienes manejan el poder.
Julio Borges, secretario de la tolda, recordó que “a la jueza María Afiuni se le negó su derecho al sufragio el 7 de octubre, pero el Poder Electoral hoy considera como una situación especial la reubicación de 108 electores”.
“Nuestro grupo de abogados está evaluando la situación y acudirán a denunciar en la Sala Electoral y al Ministerio Público por las responsabilidades asociadas por el acto administrativo”.
Ramón Guillermo Aveledo, secretario Ejecutivo de la MUD
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