Leonardo Palacios: La tributación venezolana ahuyenta las inversiones

La decisión de realizar una inversión en un país parte de la evaluación de los riesgos de cambio (riegos de disponibilidad de la moneda, riesgos de la tasa de cambio y, entre éstos, los riesgos: de transacción, de balance y económico) y los riesgos políticos (cambios de forma de gobierno, cambio de políticas frente a las inversiones extranjeras, las expropiaciones y cambios en las relaciones entre dos países) (James Otis Rodner).

Otro de los aspectos a analizar para adoptar la decisión de si se invierte o no en un país determinado es la rentabilidad bruta antes de impuesto proyectada, así como la rentabilidad neta de después de impuestos. Todo inversionista busca maximizar la utilidad neta después de impuestos sobre la renta. El ISLR es la columna vertebral del sistema tributario, el fiel de la balanza para la determinación de la su progresividad como instrumento de consecución de la justicia tributaria. Sin olvidar que en su determinación se reflejan el pago de otros tributos de cuya incidencia se legitima su deducción para la fijación de la renta gravable y del impuesto a pagar.

Por tal razón, la estructuración del sistema tributario tiene como elemento lógico el otorgamiento al legislador la facultad de escogencias de los criterios distributivos fiscales que inciden sobre la propiedad.

La propiedad como derecho fundamental, tiene características peculiares en cuanto a la posibilidad de ser limitado o afectado por la tributación; lo cual supone la existencia de una ley que refleje criterios racionales de establecimiento de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, quer lo condicionan y limitan.

En un Estado de Derecho como el diseñado por la Constitución de 1999, éste posibilita con su ordenamiento jurídico y la habilitación de sus instrumentos, la determinación de bienes económicos, adscribiéndolos a un sujeto de derecho y propiciando la paz jurídica; lo cual equivale a decir que cada bien o actividad susceptible de imposición presupone el propio Estado y el Derecho (Kirchhof).

Tal circunstancia legitima el poder del Estado de establecer y exigir tributos; de convertirse en socio del empresario que bajo su auspicio y protección puede realizar una actividad productiva y rentable.

En el caso de Venezuela esta condición existencial del ejercicio del poder del Estado no se compagina con el espíritu, principios y valores establecidos en la CR puesto que al empresario no se le auspicia sino que se le intimida, no se le protege sino se la ataca y acorrala con procedimientos y formas de intervención que espantan la posibilidad de inversión primaria o de reinversión de la productividad, generadora de mayor riqueza, valor agregado nacional y fuentes de trabajo.

El Estado no participa sino que se apodera de la rentabilidad de los factores capital y trabajo que configuran la empresa.

En el informe anual del Banco Mundial «Doing Business 2013. Regulaciones inteligentes para pequeñas y medias empresas) nos encontramos que de un total de 185 países evaluados Venezuela se encuentra en el puesto 185 en el ranking utilizado para medir la complejidad o no en lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones tributarias (determinación, declaración y pago).

El referido ranking es el producto del promedio del número de veces que hay cumplir tales obligaciones, el tiempo invertido y la «tasa efectiva» que recaída en una empresa que realiza actividades económicas o negocios en un determinado país.

La coexistencia de múltiples tributos nacionales, estadales, locales y parafiscales colocan a nuestros país después de Chad (184) Guinea (183), República del Congo (182), Republica Centroafricana (181) y Bolivia (180).

En el mismo ranking y en lo concerniente al tiempo que emplea las empresas anualmente para el cumplimientos de las obligaciones tributarias, específicamente, en materia de impuestos sobre la renta, IVA y los tributos a la nómina (INCES, IVSS, FONA; FONACID, BANVIH, etc.) Venezuela se encuentra ubicada con un total de 792 horas promedio para tal fin, después de Chad (732), Mauritania (696), Senegal (666) y Ecuador (654).

En lo relacionado a las reformas tributarias adelantadas en los países analizados se encuentran medidas de tipo administrativo y normativos: la introducción o mejoras en los sistemas electrónicos; simplificación de los procedimientos de declaración; la reducción de la tasa efectiva de impuestos en dos o más puntos;  las reformas del IVA y la conversión de los impuestos a las ventas en cascadas.

Por supuesto, nuestro país no figura en este listado, queda pendientes muchos aspectos susceptibles de introducir mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los tributos nacionales; ello sin hacer mención a los tributos estadales, locales y parafiscales. No realizamos un reforma tributaria que valga la pena destacar desde 1999, solo cambios asistemáticos y distorsivos de manera particular.

En el Informe del BM se destaca que 11 de las 183 economías analizadas incrementaron la presión tributaria con la incorporación de nuevos tributos: Cambodia, Chipre, El Salvador, Etiopía, Malawi, Maldivas, Mali, Nigeria y Venezuela.

En el caso de nuestro país, es evidente el incremento abusivo, desproporcionado e irracional de las contribuciones parafiscales, que algunos todavía en expresión de extrema inocencia, convienen en justificarlas, en asombrosa coincidencia con el gobierno, en la responsabilidad social de los agentes económicos, obviando que su consagratoria y exigencia coactiva, desprovista de cualquier sujeción a la legalidad formal y material, está destinada al financiamiento del Estado Comunal y de los instrumentos institucionales empleados para su consolidación. Es decir, la tributación es la fuente de financiamiento del Estado Socialista inconstitucional.

En Venezuela, y no hace falta que el Informe anual del BM lo señale, la tributación no reconoce la responsabilidad del empresario, la iniciativa privada (artículo 299 CR), el empeño y la disponibilidad a correr con riesgos indicados ni buscar intervenir para captar parte de la productividad de la actividad empresarial para orientarla nuevamente al circuito económico y generar más riqueza.

La tributación se convierte en una penalidad excesiva, en un instrumento de interdicción económica y no como herramienta para la obtención de recursos para adelantar políticas públicas en beneficio proporcional de todos, de paridad de oportunidades, para producir y distribuir bienes en beneficio del colectivo.

La tributación es un utensilio de reducción a su mínima expresión del empresario a cuenta del establecimiento de un esquema errático de desarrollo anclado en la rentabilidad petrolera, que sustituye, en un Estado Comunal, la iniciativa privada.

Es evidente que un sistema tributario contradictorio, rapaz, abusivo y ajeno a los principios que informan su diseño constitucional ahuyenta las inversiones. Tan solo veamos quienes nos acompañan en el ranking del BM analizado.

@Negropalacios