El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, informó el pasado miércoles que ya suman 51 las personas detenidas en la investigación de supuestas tramas de corrupción en el sector público.
El fiscal dijo que pueden producirse nuevas detenciones porque dentro de la fase de investigación entrevistaron a los ya encarcelados, que han “confesado” y “han llevado a otras tramas”.
Entre los recientes detenidos anunciados por el régimen venezolano, se destaca el arresto de la ciudadana Loreannys Mejías, quien fungía como asistente parlamentaria de Benavides Torres.
Según fuentes policiales de AlbertoNews, el mayor general venezolano quien actualmente es diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el Distrito Capital, está bajo fuerte custodia policial en su residencia.
«A Benavides Torres se le tiene sitiado en su casa con una fuerte custodia policial. Las investigaciones que cursan actualmente en su caso, son para determinar su participación en la trama de corrupción dentro del Poder Judicial», afirma la fuente.
«A Benavides Torres, se le investiga por su presunto rol en la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, sujeto catalogado como líder criminal del Tren del Llano», acotaron.
Cuando Cheremos Carrasquel fue liberado el pasado 9 de enero, Mejías presuntamente recibió de manos del sujeto, 120 mil dólares en efectivo, una camioneta Jac 2021 valorada en 25 mil dólares y otro vehículo Fortuner que costó 60 mil dólares, según investigaciones.
En ese entramado salió a relucir el nombre de Mario Aquino, quien ostentaba una de las coordinaciones en el Circuito Judicial Penal de Caracas. Aquino y Mejías presuntamente actuaban coordinadamente para liberar a Cheremos.
Precisamente, la medida cautelar que colocó en la calle a Cheremos Carrasquel, presuntamente fue instruida por Mario Aquino a comienzos de enero. Éste abogado, quien fue fiscal del Ministerio Público, envió un mensaje telefónico al juez cuarto Antiterrorista José Maxcimino Márquez García instruyéndole ordenar el juicio en libertad para Cheremos Carrasquel.
Extraoficial: Loreannys Mariana Mejía Díaz, la mujer señalada de recibir 240 mil dólares entre vehículos y efectivos para conseguir la liberación de Oswaldo Cheremos (Tren del Llano), habría sido capturada cuando intentaba huir de Venezuela pic.twitter.com/cZiYPKIqaK
— Eligio Rojas (@ELESPINITO) February 22, 2023
BENAVIDES TORRES SANCIONADO
En marzo de 2015, el mayor general Antonio Benavides Torres fue sancionado -bienes congelados, prohibición de entrada al país- por el gobierno de Estados Unidos. Es uno de los altos funcionarios militares que ha tenido manifestaciones públicas de parcialidad política, en violación al carácter apolítico de los cuerpos militares establecido por la Constitución nacional: durante el programa dominical Aló Presidente, en octubre de 2010, Benavides amenazó a sectores de la oposición venezolana con la expresión «¡No volverán!», propia de las filas chavistas.
El 6 de marzo de 2016, luego de conocida la desaparición de 28 mineros en la zona rural de Tumeremo, en el estado Bolívar, Benavides Torres fue uno de los señalados por la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, como responsable de dar respuestas a Venezuela sobre lo ocurrido «deben explicar al país la Masacre de Tumeremo. Venezuela tiene derecho a la verdad», dijo la activista.
El 16 de noviembre de 2017 fue denunciado por Luisa Ortega Díaz ante La Haya por presuntamente haber «cometido crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población”. También fueron denunciados Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Gustavo González López y Vladimir Padrino.
El 18 de enero de 2018 fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que lo responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela.
El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno suizo. Aseguran que está involucrado en la represión de la oposición venezolano y lo responsabilizan de violaciones serias de Derechos Humanos cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana bajo su mando. Casi una semana después, el 30 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá dio a conocer una sanción en su contra por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.