Fernando Luis Egaña: El chantaje del 16-D

Una de las vías más notorias que caracterizan el “funcionamiento” del régimen imperante es el chantaje. Es decir, la presión mediante amenaza que se ejerce para condicionar la voluntad.

Y el chantaje no es nada nuevo en los gobiernos del señor Chávez. Recuérdense los improperios públicos y las presiones privadas en contra de la entonces Corte Suprema de Justicia, por allá a comienzos de 1999, para que le diera la buena pro al atropellado proceso constituyente…

El chantaje, se sabe de sobra, forma parte del proceder natural del oficialismo en materia política, económica o social, y desde luego que en ámbito de lo electoral. Y en cada proceso o consulta comicial hay una forma de chantaje específica.

Para la campaña del 7-0, el chantaje número uno fue que si no ganaba Chávez se acabarían las políticas sociales en Venezuela, y a todos los beneficiarios de las mismas les quitarían lo correspondiente. Por cierto que el chantaje numero dos fue más frontal: si no votas por Chávez te los quitaremos de todos modos.

Y claro, la elección de gobernadores del 16 de diciembre, no es la excepción en el vasto campo del chantajismo oficial. La nuez del chantaje en curso es la siguiente: si no triunfa el candidato el rojo no habrá real para la gobernación… ¿Consecuencia?, en el estado o la región se agravarán los problemas al máximo, y lo que vendrá es un sálvese quien pueda. ¿Remedio? Muy sencillo, votar por el candidato de Chávez y ya está.

Algunas encuestas ya están registrando el impacto del chantaje en el caso de estados con gobernadores de oposición que, hasta el presente, mantienen márgenes favorables en la intención de voto. La maquinaria del chantaje tratará de demoler esas diferencias y no se la debe subestimar. Entre otras razones, porque la amenaza no es un saludo a la bandera o un brindis al sol, sino una realidad probada y comprobada. La distribución presupuestaria entre gobernaciones rojas y tricolores, no sólo es desigual en proporción de recursos sino en la disponibilidad y ejecución por parte del Gobierno central.

De hecho, en la manera tribal de entender el funcionamiento del Estado, eso es considerado como algo normal y hasta deseable: al aliado lo que pida, y a los demás palo por la cabeza, o por el presupuesto. Da vergüenza patriótica el constatar cómo se ha retrocedido en materia de gestión institucional en el dominio estatal-territorial. Si hasta utilizan el derecho adquirido de los aguinaldos para darle fuerza al chantaje político.

Y para aderezar el referido chantaje con un una buena dosis de intimidación, se montan las “inquisiciones” parlamentarias que formalmente dirige el diputado Pedro Carreño, en contra de ciertos y determinados gobernadores que es preciso desestabilizar antes del 16-D.

El objetivo no es sólo intimidarlos a ellos, sino a los partidarios, colaboradores, simpatizantes y electores, a fin de que lleguen a la conclusión de que seguir con tal o cual gobernador no-oficialista podría salir muy caro, y que mejor sería que ganara el de Chávez, para que al menos fluyan o bajen los recursos…

Un chantaje semejante sólo puede creíble en el contexto de una hegemonía despótica, donde ese tipo de condicionamiento fraudulento de la voluntad popular sea parte del paisaje político. Y precisamente es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela a lo largo del siglo XXI, aunque cada vez con más descaro.

El chantaje del 16-D es un capítulo más de esta mala historia del abajamiento “revolucionario”. Y porque ya constatamos que es uno de los más indignos y grotescos, es que tenemos que luchar para que no sea eficaz.

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