Suspenden 30 mil juicios de desalojos inmobiliarios

(foto archivo)

A casi un año desde la publicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, promulgada el 12 de noviembre de 2011, 30.000 juicios que involucran procesos de desalojo se encuentran paralizados en los tribunales venezolanos, asegura Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, así lo reseñó la periodista Nicolle Yapur de El-nacional.com

Para el abogado, el principal problema deriva de que la Superintendencia Nacional de Vivienda es la encargada tanto de los trámites administrativos como judiciales, lo que ha generado un colapso en el sector. “Los problemas inquilinarios son de gran cuantía. Han creado una crisis jurídica”, indicó.

Teresa Borges, especialista en derecho inmobiliario, expresó que existe una duda jurídica en cuanto a la naturaleza que van a tener la decisiones de la Sunavi.

“Ellos autorizan a ir a la vía jurisdiccional, no tienen pronunciamiento. Pareciera que lo que se va a lograr es una simple conciliación, que sería lo más idóneo, pero entiendo que son muy pocas las decisiones y que las conciliaciones no han sido exitosas”, dijo. Además, comentó que no conoce casos en los que se le haya dado una salida habitacional al inquilino.

Borges añadió que en el transcurso del último año se ha producido mucha conflictividad entre el arrendador y el inquilino. “Se ven como enemigos, es muy difícil concertar acuerdos”, manifestó. Es por esto que se producen vías de hecho que son contrarias a la Ley.

Además, existe mucha lentitud en los procedimientos de la Sunavi. Orta Poleo comentó que ni siquiera un contrato de arrendamiento puede ser notariado si no se cuenta con la autorización del organismo. La escasez de oficinas y funcionarios también dificultan la ejecución de las normas.

No obstante, el especialista opina que no se trata de la capacidad de un organismo sino de la inaplicabilidad de la legislación.