Iglesia católica dice que sistema económico mexicano crea pobreza y exclusión

La Iglesia católica mexicana aseguró hoy en un editorial que el sistema económico de México ha generado pobreza extrema, desempleo, bajos salarios, despojos, discriminación y migración forzada, lo que ha recrudecido la violencia en el país.

En el editorial de su órgano de difusión Desde la fe, el Arzobispado de Ciudad de México señaló que “valdría la pena prestar especial atención a los factores de pobreza extrema y de exclusión social que persisten en la mayor parte de la población mexicana y que constituyen un medio de violencia y odio”.

Señaló que los obispos mexicanos también han advertido de que estos factores dependen del sistema económico que rige al país, los cuales “urge atender para desactivar de manera eficaz esta difícil situación”.

El editorial agregó que en una disertación ante la 81 Asamblea General de la Interpol, el papa Benedicto XVI apuntó algunos elementos para superar la violencia global, que se manifiesta tanto en el terrorismo como en la delincuencia organizada.

En su intervención, el papa destacó que el tema de la violencia global solo puede resolverse con la cooperación de todos los países a través de sus instituciones y sus mecanismos legales.

En particular, la Iglesia católica mexicana señaló la Convención contra la Delincuencia Organizada promovida por las Naciones Unidas en 2000, como un “magnífico instrumento jurídico que necesita ser asumido por todos los Estados firmantes.

Aseguró que la violencia criminal es responsable cada año de la mayor cantidad de víctimas por muerte violenta en el mundo y puede convertirse en un grave factor desestabilizador que puede someter a prueba incluso a las instituciones del Estado, como está ocurriendo en México.

En particular, dijo, las instituciones “que se muestran demasiado débiles y vulnerables ante las presiones de las organizaciones criminales, que han terminado por someter y corromper todo”.

Agregó que otra indicación del papa que México debería atender va en el sentido de reprimir el crimen organizado con respeto de las reglas morales y jurídicas.

“Las acciones contra la delincuencia han de ser realizadas siempre en el respeto a los derechos humanos y a los principios de un Estado de derecho”, precisó.

El editorial señaló que no se debe dejar de lado el “costo sustancial” respecto a “la legalidad y a la moralidad de los procedimientos de las fuerzas del orden en este país, principalmente en materia de violación a los derechos humanos, como ha quedado de manifiesto en algunas ocasiones”.

EFE