Leonardo Palacios: Derechos Humanos, Tributación y Estado Comunal

El gobierno anuncia una vez más una reforma tributaria. Pasan los años y nada que vemos concretada la reforma al sistema tributario.

No existe sindéresis entre el gasto público y las fuentes de financiamiento; dependemos cada vez más del petróleo y del endeudamiento. El país dilapida su presente y compromete su futuro. No es frase manida, es sencillamente irresponsable realidad.

Los economistas y hacendistas desde hace mas de una década denuncian la inviabilidad de esta vesania de las políticas fiscal y monetaria.

Las políticas tributarias y de administración tributaria están reducidas a la sola discusión académica o compleja palabrería novembrina (época de elaboración y presentación apresuradas del Presupuesto, “síndrome presupuestario”) , a pesar que algunos ministros de finanzas, del desaparecido Cordiplan y el propio Seniat han hecho estudios, anunciado medidas e incluso ha efectuados esbozos en las exposiciones de motivos de los proyectos de Ley de Presupuestos anual.

Ahora la discusión de un eventual plan de reforma tributaria amplía el radio de la discusión que esperemos se dé, a pesar del esfuerzo que seguramente hará el gobierno para evitarla y que de darse esperemos no sea sotto voce en virtud de la autocensura que algunas instituciones especializadas, gremios involucrados y expertos se han impuesto, bajo el manto de una supuesta mesura y ecuanimidad, que no es otra cosa que falta de compromiso.

La discusión necesaria e ineluctablemente debe abarcar la instauración inminente del Estado Comunal en contraposición a los principios y valores que informan el Estado Constitucional.

No es lo mismo una reforma, siempre necesaria, muchas de las veces deseada en función y dentro de la normativa constitucional del Estado democrático, Social y de Derecho que una propuesta para el financiamiento de un paralelismo estatal y organizacional que busca la imposición de un régimen socialista en el que la propiedad  y la iniciativa privada pasan a un plano inferior en los auspicios del Estado pues se le quiere anular y desaparecer.

Los cambios vertiginosos que se vienen verificando en el entorno de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos generan nuevos valores que requieren ser objeto de estudio y regulación en la teoría de los derechos fundamentales bajo la vigencia rigurosa de los diferentes instrumentos jurídicos internacionales y nacionales destinados a su defensa.

En tal virtud, es necesario el análisis y estudio para aportar soluciones idóneas a la legislación o a la jurisprudencia, las cuales deben tener como punto de partida el carácter universal, irreversible y progresivo de los derechos humanos.

La instauración del Estado Comunal por leyes contrarias a la Constitución, acompañadas de medidas presupuestarias y decisiones de los órganos del Poder Público que irrespetan su vínculo obligacional y existencial con sus disposiciones no sea adecua ni a los valores tradicionales ni emergentes de la mutabilidad del marco de las relaciones entre el Estado y el contribuyente, arrojando una serie determinaciones de fines del Estado distintos al Estado Constitucional.

Los derechos fundamentales se erigen en limitaciones explícitas y directas al poder de imposición para preservar el derecho de propiedad, la libertad económica, defensa y de los cometidos del Estado que comportan la naturaleza de instrumentos en beneficio de los derechos subjetivos constitucionales consagrados a favor del ciudadano.

Los derechos humanos y las garantías que se erigen para su eficacia en principios constitucionales de la tributación condicionan las políticas tributarias y de Administración tributaria.

Sin embargo, de nada vale que se cumplan los cometidos de política financiera en cuanto a la cobertura y financiamiento del gasto público, si ello implica contrariedad a los derechos fundamentales del contribuyente y desconocimiento a los principios que limitan el poder de tributación y que constituyen la garantía de los mismos.

La legalidad y racionalidad del tributo en cuanto a evitar deformaciones en sus bases de cálculo o el establecimiento de alícuotas confiscatorias es una garantía del derecho de propiedad y de la libertad económica desde tiempos inmemorables.

Una reforma del sistema tributario que adopte una pretendida progresividad en prejuicio y con la velada intención de asfixiar la propiedad es sencillamente inconstitucional por mas motivación del hombre nuevo y del nuevo ideal socialista.

No puede existir en Venezuela tributación válida y constitucional si se violan los derechos humanos del contribuyente, en especial, la propiedad privada y la libertad económica.

La reforma tributaria en Venezuela debe perseguir el “desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza”.

No es la instauración del socialismo, la desaparición de la iniciativa privada y de la propiedad de los objetivos del sistema tributario.

De lo que se trata es de libertad y no servidumbre, como diría Hayek.

@negropalacios