Roberto Casanova: El Neocomunismo en contra de la descentralización

  1. El Estado neocomunista necesita llegar a ser un Estado unitario. No puede ser un Estado federal. No deberían existir dentro de él instancias de gobierno que no dependan, jerárquicamente, del poder nacional. Al fin y al cabo, se trata de un Estado inmerso, desde su perspectiva, en una lucha de clases que exige unidad de mando. Lo que menos precisa, en tal sentido, es la existencia de enemigos convertidos, por decisión popular, en gobernadores y alcaldes. Un Comandante-Presidente que concentre el poder no es algo accesorio para una revolución neocomunista sino una condición necesaria para su sostenimiento.
  2. Un orden político descentralizado es siempre fuente de renovación y de diversidad. La experiencia indica que la descentralización permite la emergencia de nuevos liderazgos, orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y económicas a nivel local y regional. Incluso líderes políticos allegados a la revolución pueden verse impulsados a responder más a las demandas sociales de su estado o municipio que a los dictados del poder nacional. Tal dinámica conduce, inevitablemente, al surgimiento de diferentes programas políticos que dan variedad y riqueza a las esferas de las ideas y de las prácticas en materia de gobierno. Estos dos factores, renovación del liderazgo y diversidad política, constituyen, sin embargo, una amenaza para el proceso revolucionario que necesita, insistimos, un único e incuestionable líder.
  3. Por otra parte, la planificación centralizada de la economía, componente clave de todo régimen comunista, viejo o nuevo, no es factible ante la existencia de poderes públicos autónomos en los distintos niveles territoriales. La descentralización implica, en efecto, un constante proceso de diálogo, negociación y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, independientemente de sus posiciones doctrinarias. Esto, sin embargo, es algo impensable para un gobierno que se halla empeñado en organizar centralmente todo el proceso económico. Una muestra evidente de lo anterior la vienen dando recientemente los candidatos a gobernadores escogidos directamente por el Presidente, quienes llegan al extremo de chantajear a los electores al afirmar públicamente que los recursos nacionales fluirán hacia los Estados sólo si ellos son electos.
  4. Por todo lo anterior, la revolución viene haciendo lo preciso para que gobernaciones y alcaldías vayan desapareciendo y den paso a instancias de supuesto autogobierno popular (consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales,…) y a autoridades regionales designadas directamente por el Presidente de la República. Se daría forma así a una nueva “geometría” territorial del poder. En esa nueva “geometría” del poder no estará en discusión la verticalidad en la estructura y funcionamiento del Estado.
  5. La estrategia de la revolución para aniquilar (o “desbaratar”, como ha dicho uno de los líderes de la revolución) a los gobiernos estadales y municipales es, como en otras áreas, progresiva. Evita así incurrir en el elevado (e innecesario) costo de desconocer abiertamente el marco constitucional. Al respecto, dos factores clave son el control de los recursos financieros que van a esos gobiernos y la sustracción de las competencias que ejercen. La revolución se propone asfixiar lentamente a gobernaciones y alcaldías y destinar crecientes recursos a las organizaciones del supuesto poder popular. Tal proceso debe estar acompañado de la  redistribución de competencias de unas a otras instancias. De tener éxito, el resultado sería que, en pocos años, los poderes estadal y municipal habrán sido reducidos a la insignificancia mientras el poder comunal se habrá fortalecido y legitimado. La extinción de aquellos poderes podría ocurrir, eventualmente, sin mayores traumas.
  6. Conviene reiterar que el llamado poder popular no puede ser un poder verdaderamente autónomo. El riesgo que de allí surjan también actores y procesos adversos al socialismo del siglo xxi exige que ese supuesto poder esté subordinado a los planes definidos por el Ejecutivo Nacional y a las necesidades de la revolución. Así, toda organización popular receptora de funciones y recursos deberá estar “…articulada a una instancia del Poder Popular debidamente reconocida por la Ley y registrada en el Ministerio con competencia en materia de participación ciudadana.” Afirmar entonces que la transferencia de funciones y recursos hacia las comunidades implica profundizar la descentralización no pasa de ser una mentira útil para desvalorizar a gobernaciones y alcaldías ante la población. Así, con el argumento de estar aparentemente transfiriendo el poder al pueblo se acaba con la verdadera descentralización y desaparece, en definitiva, toda forma autónoma de poder distinta al Poder Ejecutivo Nacional.
  7. En esta como en tantas otras materias, el proyecto neocomunista marcha en una dirección contraria a la de la historia. Por eso, no le resultará fácil aniquilar (o “desbaratar”, como ha dicho uno de los líderes de la revolución) a los gobiernos estadales y municipales para establecer el nuevo orden neocomunista. La descentralización es valorada como una conquista democrática por las regiones más desarrolladas del país. Fue largo y complejo el camino que las condujo hasta ella. El enfrentamiento entre centralismo y descentralización ha sido, de hecho, uno de los hilos conductores de nuestra historia republicana. Hoy se nos plantea, nuevamente, enfrentar a un programa político con la ambición de copar todos los espacios de poder de manera indefinida. La buena nueva es, sin embargo, que el país no es Caracas y que la lucha por la descentralización podría muy bien alinear la acción política de las mejores fuerzas de las regiones. Los gobernadores demócratas que resulten electos próximamente tendrán la oportunidad – y el deber – de convertirse en los líderes de un nuevo capítulo de una vieja historia. La historia de una sociedad que pugna por ser una sociedad genuinamente libre, democrática y federal.

Roberto Casanova, @roca023