Tamara Suju Roa: Afiuni versus el Poder

Esta semana acudimos a la sede de la  Fiscalía General de la República, al final quizás, muy tristemente, más para drenar nuestra indignación ante las respuestas absolutamente insólitas expresadas por las administradoras oficialistas de la justicia, que para lograr que sobre todo la Fiscal General cumpla con su deber legal de abrir la averiguación que corresponde en el caso de las denuncias que la Juez María Lourdes Afiuni realizara al periodista Francisco Olivares en su libro “La presa del Comandante” sobre los horrores que vivió en el tiempo que estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Los Teques, el INOF.

La defensa de la Juez María Lourdes Afiuni ya había denunciado el 8 de Noviembre del 2010, hace dos años, directamente al Presidente de la República y ante la ONU, los tratos crueles que la Juez ahora hace del conocimiento de todos, y que continúan sin ser investigadas por el Ministerio Público. La Juez además envió con nosotros, representantes de varias ONG’S de Derechos Humanos, el pasado martes 27 una copia del libro arriba mencionado que dedicó a las administradoras de justicia, cuya parte del texto reproduzco a continuación: “a todas aquellas personas que nos dedicamos al sistema de administración de justicia, quienes en una oportunidad juramos cumplir y hacer cumplir las leyes, tomando en cuenta que dichas instituciones están representadas por mujeres de esta Patria.  A todas ellas, se lo dedico”.

El libro ya ha producido efectos, pero no los deseados y normales en un país respetuoso del estado de derecho. Tanto la Fiscal, como la Defensora del Pueblo y la Ministra de Asuntos Penitenciarios trataron a la Juez Afiuni de mentirosa y de delincuente, y la Fiscal General declaro que a quien había que investigar era a la Juez Afiuni, cuando la Fiscalía General tiene la obligación legal de iniciar inmediatamente, de oficio, la  investigación de los graves hechos relatados por la Juez Afiuni en el libro de Olivares, especialmente cuando suceden durante el tiempo en que la Juez estuvo bajo la custodia y “protección” del Estado. El ultraje a una mujer indefensa es la peor tortura a la que se le puede someter, más aún cuando se supone está bajo la custodia del estado, quien debe ser garante y vigilante de su seguridad.

La Fiscalía inexplicablemente rehúsa cumplir con su obligación, e insiste en que María Lourdes Afiuni debe hacer la denuncia, a pesar de que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es  muy clara en sus artículos 44 y 95.  Esta Ley fue aprobada por éste gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos  y a la vanguardia de la defensa los derechos de la mujer, por lo tanto no se entiende porque el Ministerio Público, una institución del Estado que la Constitución reconoce como independiente, se niegue a hacer su trabajo.

No conforme con toda la agresión psicológica y moral que el poder puede imponer a una persona, el pasado miércoles 28 empezó el juicio de la Juez Afiuni “en ausencia”.  Como recordarán, María Lourdes se niega a entrar a las audiencias argumentando que no esta siendo juzgada por un juez imparcial,  ya que la nueva Juez del caso, Mirilda Ríos, como los anteriores, también emitió opinión en una solicitud de nulidad de todas las actuaciones que fue interpuesta por la defensa, argumentando que no procedía la nulidad porque había elementos de culpabilidad.  ¿Acaso no podríamos considerar esto como una sentencia previa? Para los lectores poco conocedores del tema jurídico, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal nos trajo en su artículo 327 el juicio en ausencia del imputado, hasta este año prohibido en nuestro sistema legal, y es estrenado ahora precisamente para aplicárselo a la Juez Afiuni.  ¿Que cosas no?

El pasado jueves 29 la Juez fue sorprendida en la madrugada con un traslado a la Fiscalía con el objetivo de obligarla a denunciar la violación. Un acto cruel y degradante, simplemente para recordarnos quien tiene el poder. La Juez rehusó prestarse a esta vil patraña, y su defensa le volvió a recordar al Ministerio Publico cual es su deber.

Ahora bien, los representantes de la oposición que están dialogando con el gobierno los casos de los presos y perseguidos políticos para una posible amnistía y otras medidas de libertad, hablan de buena disposición por parte de los encomendados de Chávez. Si hay esta disposición, nos preguntamos porque la saña contra la única mujer en la lista de los presos políticos.   ¿Será que las mujeres son más crueles con su propio género? ¿El ultraje de los derechos de todos los que no se les someten incondicionalmente se ha convertido en política de estado? ¿Es esta la catadura moral de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia en Venezuela? De lo que no cabe duda, una vez mas, es que no todos los venezolanos somos iguales ante la Ley, que este es, desde su inicio, un juicio político, y que lo que corresponde, como lo han exigido diversas instancias internacionales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas, es declarar la libertad inmediata e incondicional de la Juez Afiuni. Todos sabemos que el titulo del libro de Francisco Olivares no es mera coincidencia.