La ONU expresa su alarma por la creciente tensión en Egipto

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó hoy su alarma por las crecientes tensiones en Egipto y las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas contra la nueva Constitución que será sometida a referéndum el próximo día 15.

Sostuvo que una de las principales razones para “la desastrosa situación” que vive Egipto desde hace dos semanas ha sido la falta de voluntad de incluir a importantes actores nacionales en el proceso de redacción de la Constitución.

La representante de la ONU destacó que, su discurso al país de ayer, el presidente Mohamed Mursi haya convocado a un diálogo nacional, aunque al mismo tiempo lamentó que no se pronunciara sobre cuestiones esenciales relacionadas con la Constitución y que son objeto de crítica por una parte de la opinión pública.

“Creo que las gente tiene derecho a estar preocupada y esto no sólo por la manera en que el proceso ha sido atajado, pero también por algunos de los elementos que incluye o que están ausentes” de la propuesta de Carta Magna que será sometida a voto popular, señaló.

Se refirió, por ejemplo, a la falta de una referencia a los tratados internacionales de derechos humanos que Egipto ha ratificado, contrariamente al texto constitucional todavía vigente -desde 1971- y que reconoce el carácter legal de esos tratados.

También lamentó que a pesar de que se garantiza la igualdad ante ley en derechos y deberes, sobre una base no discriminatoria, el texto “no prohíba de forma explicita la discriminación por razones de género, sexo, origen o religión”, al tiempo que mantiene a la ley coránica (“Sharia”) como fuente de derecho y de jurisprudencia.

En esta línea, el borrador de Constitución garantiza la libertad de credo, pero sólo menciona a las tres religiones monoteístas, lo que igualmente preocupa por el tratamiento que podrían recibir el resto de comunidades religiosas, incluida la Bahai, que representa una minoría en Egipto.

Otra cuestión que preocupa a Pillay tiene que ver con que la libertad de expresión quede garantizada, pero con limitaciones en casos que tengan que ver con la vida privada y la seguridad nacional, mientras que se concede al Consejo Nacional de Medios el rol de regular la profesional, lo que se considera que podría ser “muy problemático”.

Asimismo, le inquieta que aunque quede prohibido el juicio de civiles en tribunales militares, se reconozca una excepción en casos de delitos contra las fuerzas armadas.

Entre los puntos positivos que observa están la limitación del mandato presidencial a dos periodos de cuatro años cada uno y la inclusión del derecho a establecer asociaciones e instituciones civiles.

EFE