Gonzalo Himiob Santomé: Ansiedad sancionatoria

(Foto archivo)

Están por publicarse las sanciones que la Contraloría de PDVSA dictó contra 180 de los 185 ex-trabajadores petroleros por los sucesos relativos al Paro Cívico Nacional de 2002/2003. En todos los casos se condenó a cada uno de ellos a pagar una multa que oscila entre las 550 y 990 unidades tributarias, y una “reparación” o indemnización al Estado que va desde los 94.000.000 de BsF. hasta los 124.000.000 de BsF.

En primer lugar cabe destacar que no se trata de sanciones penales en el estricto sentido. El procedimiento que adelantó PDVSA, si es que así puede llamársele, no fue judicial, ni por la comisión de delitos, fue un procedimiento administrativo interno dirigido a demostrar que estas personas supuestamente, eran responsables de pretendidos “daños patrimoniales” a la nación durante el Paro Cívico Nacional. En este sentido la decisión administrativa tomada, salvo que sea confrontada judicialmente, ante los tribunales contencioso-administrativos, y se logre la suspensión temporal de sus efectos, es exigible desde el mismo momento de su notificación formal. Así las cosas, dicho más claramente, al menos por ahora, una vez que alguno de los sancionados sea notificado de la decisión que le afectó, debe pagar de inmediato las sumas requeridas.

Lo segundo que cabe destacar es la absoluta irracionalidad de lo ocurrido, absurda a niveles kafkianos. Empecemos por apuntar que pese a que fueron miles las personas que voluntaria y pacíficamente se sumaron al Paro Cívico Nacional, sólo se “seleccionó”, a modo de “chivos expiatorios”, a 180 de los 185 ex-trabajadores para aplicarles el castigo que ahora padecen. Los criterios que se utilizaron para involucrar a unos sí y a otros no se desconocen, y de hecho pareciera que la selección es más producto de algún interés subalterno y oculto, cuando no de un simple juego de tómbola, que de algún criterio lógico o coherente. La instancia que condujo el procedimiento además es ilegítima, pues el actual Contralor de PDVSA no fue designado con base en los reglamentos y normas que deben regir su elección como tal.

Cuando revisamos la mayoría de los casos involucrados y sancionados, nos damos cuenta de que muchos de los ex-trabajadores afectados no se habían sumado al Paro Cívico Nacional. Algunos estaban por jubilarse, otros se encontraban de permiso o de vacaciones (recordemos que el Paro Cívico Nacional tuvo lugar entre diciembre de 2002 y enero de 2003) e incluso otros, como es el caso de algunos marinos mercantes, jamás se ausentaron de sus puestos de trabajo. Varios de ellos, en pleno desarrollo del Paro, se presentaron a sus puestos de trabajo y se encontraron con que había sido prohibido su acceso a sus sedes de trabajo, o lo que es lo mismo, a varios de ellos no se les permitió cumplir, por la fuerza a veces, con sus funciones; y ahora se pretende hacerles responsables de no haber podido trabajar en esas fechas porque el mismo poder no se los permitió.

¿Qué es lo que busca el gobierno con esto? Está claro. Quizás a nivel contable y de cara a la presentación de los vapuleados balances de PDVSA pueda resultar conveniente mostrar un “saldo pendiente” a favor representado en las indemnizaciones acordadas, pero lo cierto es que si hacemos la conversión a tasa oficial del promedio a pagar por cada persona, nos encontramos con que cada uno de ellos debe un promedio de US$ 30.000.000,00 ¿Quién en nuestro país está en condiciones de pagar montos semejantes? La pretensión sancionatoria del poder es absolutamente inejecutable, es imposible cobrarle a los sancionados cantidades de esos tamaños, y me cuesta creer que no están los persecutores al tanto de eso.

Tampoco hay lógica alguna en la determinación de las cantidades a pagar, ni mucho menos en el establecimiento, indispensable si funcionaran las cosas como deberían funcionar, del supuesto vínculo entre lo que estas 180 personas hicieron o dejaron de hacer y el supuesto “daño patrimonial” causado. Digo, si a mí se me condena a resarcir un daño, lo lógico es conocer qué criterios se van a usar para establecer el valor de dicho daño, pero más allá es necesario probar que lo que yo hice o dejé de hacer fue la causa o motivo del daño. Nada de eso se ha hecho en este caso.

Así las cosas, no queda más que comprender el suceso desde la otra alternativa posible: Se trata de un acto no de valor material, sino más bien de valor simbólico. El mensaje que quiere mandar el gobierno tiene varias aristas. La primera tiene que ver con la tergiversación de la verdad. El gobierno en este ámbito pretende imponer una visión sesgada de los hechos, una “verdad oficial” que no se corresponde con la verdad material de lo acontecido. Se quiere hacer ver que lo que pasó entre diciembre de 2002 y enero de 2003 no fue una manifestación general y pacífica de miles y miles de ciudadanos contra los excesos del poder, particularmente contra los abusos y despropósitos que se ejecutaban y se siguen ejecutando contra nuestra estatal petrolera, sino más bien una suerte de “sabotaje” o algún acto ilícito que no fue tal (la misma Organización Internacional del Trabajo avaló y legitimó la protesta), y que por “serlo” merece reprobación y castigo.

La segunda arista del mensaje oficialista se corresponde con el mantenimiento de la “espiral del miedo” a la que son tan afectos regímenes como el nuestro. En un país como este en el que la conflictividad laboral, sobre todo a nivel de nuestras empresas básicas, va en alza, lo que quiere lograr el gobierno es intimidar no sólo a quienes ahora trabajan en PDVSA, sino además a cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa de valor estratégico al que pueda estar pasándole por la cabeza la idea de radicalizar sus quejas a través de la huelga o del paro indefinido. “No se te ocurra pasar esa línea”, parece decir el gobierno con estas sanciones a los exPDVSA, “porque si así lo haces, mira lo que te espera”.

Esto es persecución por motivos políticos, que no nos quepa duda alguna de ello. No se trata ciertamente de un tipo de persecución que por el momento pueda llevar a la cárcel a los involucrados, pero no por más sutil en su forma es menos efectiva y aterradora en su fondo. La cara del persecutor puede ponerse muchas máscaras, según convenga al poder, y el hecho de que no sea con barrotes o candados, que sí con privarte de tu patrimonio de manera definitiva y para siempre que se te amenace, no le quita a estas sanciones su carácter de herramienta, tergiversada y vil, a manos del poder para desarticular toda posibilidad de disidencia o de oposición a sus designios.

Hago un llamado a la solidaridad con estos ex-PDVSA que hoy pagan el precio de haber simbolizado un anhelo de control al poder cuando el país más lo necesitó. No los olvidemos y hagámonos todos parte de su defensa. Mañana podemos ser nosotros los que precisemos de una solidaridad semejante. Mañana puede ser tu puerta la que sienta las patadas de la indiferencia y del abuso.

@HimiobSantome