Crónica Parlamentaria: Magistrados serán designados en 2013

Es un hecho o, al menos, así lo aseguró el diputado Pedro Carreño. Será en el 2013 cuando la Asamblea Nacional (AN) designará a los 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quienes se les vencerá su período de 12 años, el próximo 27 de diciembre. Se trata de Blanca Rosa Mármol, Omar Mora Díaz, Yolanda Jaimes, Antonio Ramírez Jiménez, Carlos Oberto Vélez, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena, quienes deben abandonar el máximo juzgado y cuyos lugares serán ocupados por sus suplentes, hasta que el Parlamento conforme el Comité de Postulaciones que se encargará de la designación. Carreño hizo el anuncio a propósito de la petición que hizo su colega de la Mesa de la Unidad, Hiram Gaviria, quien pidió la palabra para exigir un debate y la conformación de una comisión especial que investigue por qué el TSJ habría usurpado las funciones de la AN, al sentenciar la sustitución de los magistrados, sin pasar por el filtro del Poder Legislativo. “Es un adefesio lo que están pidiendo”, dijo Carreño, ante la solicitud de Gaviria. El diputado del Psuv afirmó que en ningún momento el TSJ había sustituido a la AN y aseguró que “en el próximo período legislativo se designará a los magistrados”. Lo que no dijo Carreño es que necesitan los votos de la oposición para esos nombramientos, pues requieren 110 votos. Pero, hay que aclarar que la Ley del TSJ establece que si a la tercera sesión convocada para esta elección no hay acuerdo, los magistrados serán designados por mayoría simple. De todas formas, la mayoría del Psuv se impuso y la exigencia de Gaviria fue negada.

Deuda con la Ley para el Desarme

El diputado Ricardo Sánchez presentó el balance parlamentario 2012 sobre Seguridad Ciudadana y determinó que la bancada oficialista “está en deuda con el país”, entre otras cosas con la aprobación de Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones. Aunque el chavismo dijo que esta ley era prioridad para este año, la misma fue congelada y no contó con el apoyo de un sector del Psuv. “La tan esperada Ley Desarme, un proyecto final de 10 capítulos y 102 artículos fue aprobado por unanimidad, pero nunca contó con un sector de la bancada oficialista para su sanción definitiva. Fueron 30 sesiones ordinarias, sin contar las sesiones especiales, extraordinarias, ni la de instalación, donde sólo se aprobó un instrumento: la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. No se aprobaron convenios ni tratados internacionales para el combate al delito, nunca se aprobó un acuerdo de rechazo a la violencia o en favor de la vida, pese a que solicitamos en cuatro oportunidades debatir en plenaria el tema”, lamentó Sánchez.

Destacó que tampoco se realizó ninguna interpelación de los funcionarios responsables de la Seguridad Ciudadana, pero sin embargo se aprobaron siete créditos adicionales, de los cuales tres fueron para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, uno para la Comisión para el Desarme, dos para la Universidad de la Seguridad y uno para la Misión A Toda Vida Venezuela. Recordó que “la aprobación de Ley Desarme estaba contemplada en una de las medidas inmediatas de la Misión A Toda Vida Venezuela y nunca se hizo. En el tiempo que lleva engavetada, han ocurrido en el país más de 9000 homicidios, 606 victimas de secuestros y este año ya han asesinado 375 policías”, señaló Sánchez. Hizo énfasis en que “solamente, en la Gran Caracas, han muerto por causa de la violencia 101 funcionarios policiales, 22% más que el año pasado cuando ocurrieron 83. De nuestros policías caídos 80% tenían entre 20 y 35 años y 60% no estaban cumpliendo servicio. Ser policías no les exime del drama que padecen los ciudadanos de a pie, pero lo dramático de esto es que aumenta considerablemente la percepción de inseguridad que tiene nuestro pueblo, ya lo hemos dicho, ¿qué pueden esperar los venezolanos de un país que no le garantiza la vida a sus policías y militares?”.

Créditos en abundancia

Lo que sí hizo esta plenaria es aprobar otros tres créditos adicionales que, sumados a los considerados el resto del año, llegan a 180 millardos de bolivares. Pero, al cierre de este período, la AN no había aprobado los recursos para que seis gobernaciones paguen las bonificaciones de fin de año, entre ellas la de Carabobo. Y desde la comisión de Contraloría, Pedro Carreño dijo que las investigaciones contra los gobernadores de Lara, Monagas y Nueva Esparta, seguirían su curso. Por cierto que la instancia incumplió con el análisis de las memorias y cuentas de los ministerios.

Janet Yucra