Las calles se uniformaron de protestas laborales en 2012

El repaso del año laboral en Guayana arroja como primeros resultados, claros y convincentes, un incremento sostenido de la conflictividad y una marcada desnaturalización de los mecanismos de conciliación establecidos en las normativas laborales vigentes, entre ellas la nueva ley del trabajo (Lottt). correodelcaroni.com

(foto correodelcaroni.com)

Un año más de nula mediación del Ministerio del Trabajo, cuyo aparato burocrático ha dado paso a un lobby político que ahora tiene como nuevo actor a los líderes sindicales provenientes del oficialismo, quienes asumen tareas de gerentes en la búsqueda de recursos para empresas netamente deficitarias. Como consecuencia de lo anterior, los padrinazgos ganaron fuerza como instrumentos de manipulación en detrimento de la legislación y de la propia capacidad de los trabajadores de llegar a acuerdos fundados en sus propias experiencias.

En ese sentido, las decisiones orientadas hacia los trabajadores en 2012 siguieron sometidas a la coyuntura política y económica del país. Esta situación afecta, en particular, al movimiento sindical cuyo resurgimiento como actor clave en el desarrollo del país luce cada día más lejos, pero al mismo tiempo necesario. El movimiento de los trabajadores termina el año con banderas percutidas, llenas de viejas consignas, altamente polarizado, dividido y sin canales de comunicación entre los distintos grupos que lo componen.

Por tanto, la falta de diálogo social, la invasión de figuras partidistas en las fábricas con el objeto de reducir el campo de acción sindical, los efectos de la política de estatizaciones, entre otros aspectos de la dinámica productiva, jugaron y juegan un papel estelar en el análisis de los conflictos laborales ocurridos este año.

Tomando como referencia el informe 15 años de DD HH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político, presentado por Provea el pasado 15 de diciembre con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, suscribimos que el desconocimiento del Ejecutivo nacional de la norma de participación tripartita del sector laboral, empresarial y gubernamental establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en temas como la fijación del salario mínimo y el diseño de las política laborales, así como el progresivo incumplimiento por parte de las autoridades del sector público del derecho a la contratación pública de los empleados de la administración pública y empresas del Estado plantean un escenario contrario al disfrute pleno de las garantías constitucionales en materia de derechos laborales.

Por tanto, el respeto al derecho a la contratación colectiva mediante la activación, discusión y firma de las convenciones colectivas vencidas en las instituciones y empresas del Estado representan un significativo desafío para el nuevo año que se asoma. No por casualidad, la exigencia de discusión de contratos es unánime en las empresas básicas como centros de gran repercusión laboral.

En un intento de síntesis, presentamos a continuación un breviario gráfico de los momentos cumbres del 2012 en materia de derechos laborales.

Oscar Murillo
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