Gobierno promete legalizar minería en El Manteco

Luego de la intensa protesta de los mineros en El Manteco en contra de presuntos atropellos militares en desalojos realizados el fin de semana, el Gobierno ofreció a los agraviados una solución, informa Correo del Caroní.

Natalie García

La propuesta es una carta de intención a través de la cual la empresa Minera Nacional será la encargada de otorgar al menos 5.440 hectáreas para la explotación legal del oro a pequeña escala.

Luis Gerardo Almeida, vocero del Frente Socialista de Mineros de El Manteco, informó sobre la medida e indicó que hoy estarán trasladándose a Puerto Ordaz, donde será firmado el acuerdo en la sede de la compañía en Unare.

“Gracias al eco en los medios de comunicación fuimos escuchados y firmaremos esa carta de intención. En total son 24.900 hectáreas pero evaluadas ambiental y técnicamente hay 5.440. Allí contaremos con la supervisión de todos los organismos, y el encargado será Ingeomin”, aseguró.

El anuncio hecho este miércoles permitió calmar los ánimos caldeados en los mineros, que el martes tuvieron intención de tomar la sede del Destacamento Rural 89 de la Guardia Nacional.

El dirigente minero comentó que con la legalización de las hectáreas mencionadas, unas 8 mil personas se verían beneficiadas. La actividad aurífera legal estaría circunscrita a la zona del Supamo Parapapoi, por la cual el frente y otras organizaciones están luchando desde hace meses.

Acción detonante
Durante el fin de semana se efectuaron en la región las operaciones militares Alto Caura y Arekuna, en contra de la minería ilegal. Según el reporte del comandante de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), mayor general Clíver Alcalá Cordones, 50 campamentos clandestinos habrían sido desmantelados, incluyendo algunos en áreas indígenas.

El funcionario expresó que “seremos severos en el resguardo de nuestras cuencas y parques. El quinto objetivo histórico del Plan de la Patria ordena contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, y eso vamos a hacer”.

Materia pendiente
Sus declaraciones permitieron reavivar una herida abierta en la entidad: la de la minería ilegalizada artesanalmente por el Decreto 8.413, que reserva al estado la exploración y explotación del oro.

Además de sacar el tema a flote, también recuerda que hay un notable impacto ambiental de la explotación aurífera aún sin atender, y que no cesan al ser destruidos los yacimientos.

La herida en las selvas, bosques y ríos se mantiene aún después de los operativos militares, al igual que los efectos en comunidades indígenas, como pasa con las etnias ye’kuana y sanema, en el Alto Caura, las cuales padecen de preocupante contaminación por mercurio, registrada en un estudio de la Fundación La Salle y la Universidad de Oriente.

Si bien en el caso de El Manteco el gobierno ofrece una salida para la minería, y la promesa de un trabajo legal, quedan en deuda las respuestas medioambientales para el rescate de zonas degradadas y las acciones para impedir que esta actividad siga ganando terreno en espacios protegidos como el Parque Nacional Canaima y las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae).

TSJ admite recurso de nulidad contra el decreto de nacionalización del oro

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por representantes indígenas del estado Bolívar, en contra del Decreto que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas, publicado en la Gaceta Oficial 39.759 del 16 de septiembre de 2011 y cuya reforma parcial fue publicada el 15 de diciembre de 2011.

Los solicitantes de la medida son: Obel Yépez, capitán de Bethel; José González, capitán de Si’ken; Atkinson Yépez, capitán de Tigrito; Julio Márquez, capitán de Pozo El Danto; Denis Fernández, capitán de Casabe; Ramón Elías Mujica, capitán de Karun Ken; Noel Zambrano, tesorero de la comunidad de Plomo, y Alexis Romero, representante de la nueva comunidad en conformación de Musuk Pa Torono y vocero principal de las comunidades indígenas del Sector Alto y Medio de La Paragua.

Los argumentos jurídicos por los cuales consideran el Decreto 8.413 como fuera de la Constitución incluyen la violación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta Oficial N° 38.344 del 27 de diciembre de 2005) y la transgresión de sus derechos como pueblos indígenas por la declaratoria de sus tierras ancestrales como zonas de seguridad.

También señala el escrito que el decreto con “rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas debió ser promovida por la Asamblea Nacional por tener un carácter orgánico y no haber sido aprobada vía habilitante por el presidente de la república, Hugo Chávez”.

La decisión sobre la admisión del recurso fue dada a conocer por el máximo tribunal el 19 de diciembre de 2012. En la misma, niega la petición de una cautelar innominada, hecha por los indígenas con la pretensión de dejar sin vigencia la ley mientras éste resuelve si es inconstitucional o no. (NG)