Human Rights Foundation (HRF) pidió hoy a las autoridades venezolanas la liberación “inmediata” de la jueza María Lourdes Afiuni al considerar que su encarcelamiento y arresto domiciliario han superado el máximo legal de tres años.
“Afiuni es la personificación de una prisionera de conciencia. Su caso se ha convertido en el mejor exponente de la naturaleza despótica del régimen chavista”, dijo hoy en un comunicado el presidente de HRF, Thor Halvorssen.
La magistrada afronta un juicio por “corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido” por la liberación a inicios de diciembre de 2009 de Eligio Cedeño, un empresario que llevaba tres años detenido sin juicio.
Afiuni fue detenida el 12 de diciembre de ese año y permaneció en el Instituto de Orientación Femenina (Inof) de Caracas hasta febrero de 2011, cuando fue beneficiada con prisión domiciliaria, pero sin derecho a hablar con periodistas.
La magistrada reveló en un libro publicado en noviembre pasado que en el Inof fue víctima de una violación, que quedó embarazada y tuvo un aborto natural. Sin embargo, cuando la Fiscalía pidió que ratificara su denuncia la magistrada se negó a hacerlo.
“Según el derecho internacional, la violación de un detenida constituye una forma de tortura y los Estados tienen la obligación de investigar diligentemente todas las denuncias de violación”, dijo hoy el director jurídico internacional de HRF, Javier El-Hage.
Sin embargo, añadió el experto, las autoridades venezolanas “reaccionaron de manera despectiva y agresiva” tildando a la jueza de mentirosa, amenazando con un juicio por calumnias e incumpliendo su obligación de investigar diligentemente sus alegaciones”.
HRF considera que en el caso Afiuni el Estado de Venezuela violó su derecho a la libertad, al debido proceso legal, a recibir un trato digno y a que se investigue, procese y sancione a los culpables de la presunta violación sufrida por la jueza.
La oposición política venezolana y organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han solicitado la liberación de la magistrada por una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, tildó a la jueza de “bandida” y pidió la pena máxima en su contra cuando se enteró de la fuga del empresario Cedeño, quien huyó del país después de que fuera llevado a declarar ante Afiuni.
EFE