Rubén M. Perina: El régimen chavista y su autogolpe

Hoy a Venezuela la gobierna un régimen autoritario populista/asistencialista, centralizado en el poder ejecutivo y personalizado en la figura del caudillo Hugo Chávez, el líder supremo y mesiánico de la “revolución bolivariana”. El régimen consiste en un conjunto de normas y comportamientos dictados por Chávez y acordados y ejecutados por la cúpula chavista y sus seguidores que lo idolatran. Se sustenta en una mayoría electoral estado-dependiente constante del 54% más o menos, que lo ha entronizado en el poder desde 1998. El régimen genera esta mayoría con un insostenible gasto y deuda pública que financia las llamadas misiones de asistencia social, y por medio de un ventajismo electoral que resulta del uso y abuso de los recursos del Estado, la propaganda oficial y el control y manipulación del sistema electoral.

El régimen controla todos los poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la controlaría general y la defensoría del pueblo, el poder electoral, las fuerzas armadas, las empresas del estado, la mayoría de las gobernaciones, de los medios de comunicación y de las universidades del país. No hay independencia de poderes, todos siguen las pautas chavistas, reina el pensamiento único. Se acosa y persigue a la prensa libre y se denigra a la oposición política, a la que se la tilda de golpista y sirviente del “imperio”. Su propósito es mantener un control absoluto del Estado y del pseudodemocrático proceso político/electoral, en función de una supuesta revolución socialista y antiimperialista. (Son llamativas las similitudes con el régimen stronista del Paraguay –1954-1989–, con la diferencia de que a la oposición se la tildaba de “comunista”).

Pero ahora el régimen está en crisis porque el comandante no aparece; se encuentra operado de cáncer e internado bajo control médico en Cuba; no se sabe exactamente su estado de salud, solo que es muy delicado. Se desconoce cuándo o si podrá asumir la Presidencia. El régimen está acéfalo –aunque se pretende que Chávez se encuentra en “ejercicio de sus funciones” y que cuenta con un permiso de ausencia sin límites de la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello (un incondicional colega golpista). Ante la ausencia del Jefe, ¿cómo preservar el poder y el control del Estado?

El principal impedimento para ello es la misma Constitución bolivariana, que es muy clara sobre el procedimiento a seguir para el juramento del Presidente electo. Su artículo 231 establece que el Presidente electo “tomará posesión… el 10 de enero del primer año de su período constitucional…”, y el 233 señala que “será falta absoluta” del Presidente su “incapacidad física… certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia…”; y que cuando “se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección…”, y mientras “se elige y toma posesión el nuevo Presidente… se encargará de la Presidencia… el presidente de la Asamblea Nacional… y se procederá a una nueva elección… dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Para mantenerse en control del Estado, la plana mayor del chavismo, con el “apoyo” de los hermanos Castro, “convence” al Poder Judicial que emita una interpretación constitucional que garantice la continuidad y estabilidad del régimen, hasta que retorne Chávez, o hasta que se consolide en el poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien Chávez nombró Vicepresidente Ejecutivo y sucesor político, pero todo antes del 10 de enero.

Para sorpresa de nadie, el 9 de enero la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, anunció que “a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión”, ya que Chávez es un “Presidente reelecto”. La juramentación es un mero “formalismo” y hay “continuidad administrativa” porque “el presidente no es un nuevo presidente” y su gestión fue “aprobada por el soberano”; ni es necesario conformar una junta médica para determinar su capacidad física. La decisión del TSJ ignora lo que establece la carta magna para darle un viso de legalidad a un comportamiento contrario a la Constitución.

De acuerdo a esa retorcida interpretación, el “Vicepresidente” podría gobernar indefinidamente mientras dure la falta del presidente no juramentado. Pero el problema es que Maduro no fue electo ni juramentado oficialmente por el presidente ausente. Su gobierno es ilegal e ilegítimo. El régimen no cumple con la Constitución, porque de hacerlo, Cabello tendría que asumir la Presidencia y llamar a elecciones en los próximos 30 días. Así, el régimen violenta el orden constitucional democrático, consuma su autogolpe y se mantiene en el poder, con el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas.

El autogolpe también viola las cláusulas democráticas de organismos regionales como el Mercosur y la Unasur, así como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de promover y defender colectivamente la democracia representativa. Y lo curioso es que estos han mostrado solo indiferencia y pasividad ante la transgresión chavista. Ausentes están las condenas de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay frente a los sucesos de Honduras (2009) y Paraguay (2012). Aunque ello no debería extrañar, porque sus gobiernos también ignoraron las violaciones constitucionales y a la Carta Democrática perpetrada por Zelaya, en Honduras, antes de su destitución; por el mismo Chávez, y por Morales, de Bolivia; y Ortega, de Nicaragua, para acceder a su reelección inmediata.

* Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington. Ex funcionario de la Organización de Estados Americanos

 

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