El hecho que Venezuela haya recibido más de 200 mil millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras entre 2006 y 2009 y que de esa cantidad y durante ese tiempo sólo fueron ahorrados 800 millones de dólares(es decir, menos del 0,5%) en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) dejando que esta institución en la práctica muriera de mengua, es un dato a tomar en cuenta y que posiblemente paguemos caro.
EVITAR LA VOLATILIDAD
Cuando se creó el fondo con el nombre de FIEM (Fondo de Inversión de Estabilización Macroeconómica) en 1998, para luego convertirlo en FEM en el año 2004, se buscó tener un instrumento que permitiese solventar varios de los problemas estructurales que ha tenido la economía Venezolana como son, por un lado, la volatilidad y prociclidad del gasto público, el cuál se encuentra estrechamente ligado al ingreso petrolero, y por el otro, los desequilibrios que generan los shock petroleros sobre los mercados monetario y cambiario, los cuales tienden a sobrevaluar la moneda y producir una perdida de competitividad en el sector transable de la economía.
El fondo permitiría evitar estas distorsiones, por un lado, obligando al Estado a ahorrar parte de su ingreso petrolero durante los períodos de “vacas gorda” y usarlos, eventualmente, en el período de las “vacas flacas”. Por otro lado, el mantener parte de las divisas provenientes de los incrementos en el ingreso petrolero represados en el fondo, evitaría la inundación del mercado interno de dinero, que presiona al alza los precios y causa una apreciación de la moneda, que termina por generar la perdida de competitividad que fomenta las importaciones y dificulta las exportaciones, produciendo así un efecto negativo sobre el aparato productivo nacional.
Al ver retrospectivamente, los resultados son decepcionantes. Poco o nada de lo que se esperaba se ha logrado. La permanencia del fondo ha estado marcada por una fuerte inestabilidad institucional, la cual se evidencia en las seis reformas hechas a la Ley del FIEM. Cada una de estas reformas no han hecho otra cosa más que incrementar la discrecionalidad y volatilidad en la administración del fondo, con lo cual se ha imposibilitado el alcance de los objetivos estabilizadores del mismo. Estas reformas solo han servido al Ejecutivo como una herramienta para solucionar sus problemas de solvencia de flujo de caja, los cuales están marcados por una política fiscal expansiva, donde importa mucho más la cantidad que la calidad del gasto.
Se podría esperar el que el fondo al menos hubiese servido como mecanismo de ahorro, pero ni siquiera eso se ha logrado. Durante los años en que el fondo acumuló recursos, entre 1999 y 2001, se guardaron en la “macro-alcancía” 6.226 millones de dólares pero, al mismo tiempo, en ese período, el Estado incrementó la deuda interna en 9.860 millones de dólares, con lo cual en realidad se produjo en ese momento un ahorro negativo de 3.634 millones de dólares. Luego se creó el llamado Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) que ha recibido casi 90 mil millones de dólares desde que se instituyó en el año 2005. Este fondo nunca fue concebido con fines de ahorro ni de estabilización, sino con fines de gasto a través de mecanismos para fiscales y poco transparentes.
ACTITUD SUICIDA
Estos instrumentos de ahorro y estabilización macroeconómica simplemente no han funcionado en Venezuela. Tal circunstancia puede contrastarse con el éxito que instrumentos similares han tenido en otros países y regiones petroleras como Noruega, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, la Provincia de Alberta en Canadá y Alaska. Algunos podrían argumentar que el fracaso se ha debido al actual gobierno y su mal manejo de las finanzas públicas, pero la verdad es que muy probablemente cualquier otro gobierno no se hubiese comportado muy diferente, tal y como ha sucedido en el pasado con otras administraciones en el manejo de los llamados booms petroleros.
Las razones para este comportamiento se encuentran en la dinámica que se desarrolla detrás de la política fiscal en países petroleros como Venezuela, donde los grupos gobernantes tienen incentivos para usar los recursos derivados de explotación petrolera para su propio beneficio político-electoral, al mismo tiempo que la inestabilidad de estos países y debilidad institucional les hace sufrir de una suicida miopía temporal que luego se convierte en una permanente actitud autodestructiva. Igualmente la poca claridad de los canales de distribución de los recursos, incentiva la presión de los ciudadanos para la extracción de los mismos.
Estos mismos problemas que afectan la política fiscal terminan por socavar las bases de la efectividad de un instrumento que sería deseable y que ha sido efectivo en otras experiencias, pero que en el caso de países como Venezuela, con una débil capacidad institucional para afrontar las presiones y tentaciones que se derivan de la potestad del Estado de administrar los recursos que se derivan de una actividad como la petrolera, resulta inefectivo.
USO Y ABUSO DE LA RENTA
Desde el año 2007, Venezuela, a través de PDVSA, ha puesto en práctica una forma de financiamiento muy peligrosa. Se trata de la venta de petróleo a futuro. Es una suerte de servicio de suministro de crudo prepagado según el cual la nación productora, en este caso nuestro país, recibe una cantidad de dinero en préstamo que tendrá que ser honrado, no con pagos de intereses ni de capital, sino con cantidades de crudo que tendrán que ser despachados en el futuro.
Este mecanismo es perverso. Hasta ahora en Venezuela se había hecho uso y abuso de la renta petrolera presente, en detrimento de la renta petrolera futura. El negocio de los hidrocarburos tiene dos caras En procura de maximizar los beneficios del auge de precios altos, sacrificamos la reinversión en el negocio, desarrollando de esta manera la simple cara rentista del petróleo, sin desarrollar su cara productiva. La cara productiva de los hidrocarburos es la que está asociada al crecimiento del capital financiero y físico del sector, junto a sectores conexos (desarrollo del sector de la construcción, del metalmecánico, etc ); mientras que la cara puramente rentista es la que se limita a extraer de la industria la mayor cantidad de ingresos fiscales para el Estado en detrimento de las potencialidades del negocio. Pero ahora, con la venta de petróleo a futuro, lo que estamos haciendo es convertir la renta que recibiremos en los años por venir en la renta que estamos consumiendo en el presente, lo que constituye un despropósito económico.
El Ejecutivo Nacional tiene problemas fiscales, a pesar de los actuales altos precios del petróleo, debido a la caída de los volúmenes de producción petrolera, por el aumento del consumo interno de combustibles líquidos a precios de pérdida (lo cual resulta altamente oneroso como consecuencia de renunciar al costo de oportunidad que representa colocar estos barriles en el mercado internacional a precios internacionales) y por los compromisos con países políticamente aliados a los cuales se le suministra energía de origen fósil en condiciones económicamente preferenciales. Por eso trata de solventar esta situación comprometiendo la producción petrolera venezolana de los venideros años. Esto es algo sumamente riesgoso y puede constituir un suicidio económico.
Sin duda los venezolanos debemos apuntar a un radical cambio de paradigma en lo que se refiere al modelo de gestión de nuestra industria petrolera y también del esquema de asignación y uso de los recursos provenientes de la renta que genera el negocio de los hidrocarburos .De lo contrario, de proseguir haciendo las cosas como las hemos hechos en las última décadas, tenemos dibujada en la frente la señal inequívoca un nuevo fracaso como nación.
Pedro Elías Hernéndez