Este miércoles el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Carreño, consignó ante el Ministerio Público el expediente contentivo de los denuncias de presuntos actos de corrupción por parte de diputados e integrantes del partido Primero Justicia.
En la denuncia figuran Juan Carlos Caldera, Richard Mardo, Julio Borges y Gustavo Marcano, sobre quienes recae el señalamiento de haber recibido fondos de manera ilícita.
Se trata de las denuncias realizadas este martes en la sesión legislativa por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, quien presentó pruebas sobre el manejo de fondos provenientes de donaciones no declaradas al Consejo Nacional Electoral (CNE) ni al fisco.
“Nosotros podemos determinar que en la intervención del diputado Mardo, el día de ayer, manifestó que los cheques sí los había recibido y en una denigrante rueda de prensa manifiestan para qué eran los cheques, eso lleva implícito una confesión de parte de la consumación de un delito de corrupción contra el patrimonio público”, dijo Carreño.
El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, ofreció la tarde de este miércoles una rueda de prensa en la que salió al paso a las acusaciones formuladas, este martes, en su contra por el diputado Diosdado Cabello en la sede del poder legislativo.
“El señor Cabello y el diputado talanquera (“William Ojeda, el diputado talanquera es William Ojeda”, aclaró) me buscaron para invitarme a hacer una marramucia en contra de la unidad.
“Me dijeron que podían congelar todas las ollas que estaban montándome, si solo sí yo me paraba en la Asamblea Nacional a hablar mal del partido Primero Justicia y de Henrique Capriles Radonski”.
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, detalló el martes, al finalizar la sesión ordinaria de la Asamblea, que en primera instancia se elaborarán comunicaciones a la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) para revisar todas las cuentas de los implicados; al Ministerio Público (MP), al Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional (Sebin) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
“Cuando nosotros recabemos toda la información, elaboraremos el cronograma de comparecencia y en un tiempo perentorio vamos a estar presentando el informe”, dijo Carreño.
El informe de la contraloría parlamentaria será remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como lo determina el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Carreño citó el contenido del artículo, que además establece: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.
AVN