Leonardo Palacios: La Asamblea es de todo, menos nacional ni democrática

El deterioro institucional de la «democracia revolucionaria» y la «extorsión política» que somete el gobierno a la institucionalidad civil y militar y la «extorsión social» a la sociedad venezolana tiene su mayor expresión en la Asamblea Nacional.

La AN desde su constitución en el 2000 favoreció su debilitamiento y desmontaje de protección contra la extorsión adelantada por el gobierno, en lo que Hayek denomino «la decadencia del ideal democrático» “por la vía de un restricción de sus poderes que asegure que su actuación se ciña siempre a una labor verdaderamente legislativa, o bien que no haya asumido el compromiso de someterse en todo momento a una normativa que ella no puede aterrar”.

La AN se arrodilló ante el Ejecutivo Nacional, lo habilito una y otra vez para legislar en materias, incluso prohibidas, como el desarrollo o limitación de los derechos humanos.

La AN abandono su obligación de controlar al Ejecutivo para convertirse en telonero del lamentable espectáculo de desmantelamiento institucional que comenzó a gestarse desde 1999.

La AN se convirtió en el verdugo teledirigido de la cayapa institucional contra la disidencia ciudadana, partidista y sectorial (civil, económica, militar, social y religiosa).

La AN se convirtió en un cadalso fantochesco en donde ejecutan, ante una parcialidad cada día menor de la ciudadanía a personalidades de la disidencia democrática, militantes o no de partidos políticos, instituciones u organizaciones que alzan su voz frente al gobierno que usurpó sus funciones legislativas y anulo el control que sobre él debe ejercerse.

La AN lejos de frenar, contribuye aún más al deterioro institucional, a la deslegitimación del ejercicio del poder, a aumentar el vació de poder que respira el país y lo hace cada día más inviable  con  sus implicaciones en materia de inseguridad, impunidad, descomposición social, impunidad, corrupción y desmantelamiento de la estructura básica que haga posible la gobernabilidad en paz y justicia social.

La democracia es más que una idea y una abstracción, es un sentimiento que condiciona la forma del ciudadano de actuar y interactuar con sus congéneres y con las instituciones de la sociedad en que le toca “desenvolver” su dignidad.

La democracia es la expresión de responsabilidad y compromiso de quien dirige la sociedad y una expresión del grado de compromiso y responsabilidad con sus conciudadanos en cuanto a llevarlos de manera pacífica, segura y sin exclusiones por el camino del bienestar.

La democracia es camino y es forma; es libertad y es condicionamiento.

Es camino pues llevar de la mano a sus actores hacia el cumplimiento de los objetivos y metas del conglomerado que la adopta como sistema aglutinador de metas y objetivos, agentes e instituciones bajo la premisa ordenadora de sujeción al ordenamiento jurídico expresión directa e inequívoca del estatuto fundamental que refleja el sentir mayoritario del ciudadano, que es el supuesto edificador de la legitimación de un gobierno.

La legitimación es lo que permite sustentar la exigencia de obediencia del ciudadano al ordenamiento y al gobierno que lo ejecuta y, por consiguiente, la exposición del infractor, del remiso a sujetar a la obediencia de ser objeto de sanción de acuerdo a ese mismo ordenamiento.

La legitimación es pues la dimensión normal, deseada y estricta del mandato que la ciudadanía, en elecciones, libres, universales y directas le otorga a los gobernantes, sentido amplio para referirnos a los titulares del Poder Público, de exigirles obediencia y, en caso, de renuencia de ejercer el poder de coacción para garantizarla.

La democracia, como sistema de vida manifestada en formas de pensar y actuación, comporta y exige formalidades que de suyo son garantías ciudadanas y maneras de mantener la actuación de los órganos del Poder Público sometidas al Derecho.

La separación de poderes es un principio básico y esencial para el correcto funcionamiento de la democracia, su efectividad en cuando a la dispensa del bienestar del ciudadano y eficacia en cuanto al aprovechamiento de las fuentes de recursos, cada día más escasos, para el financiamiento del Estado para garantizar la asignación de tales recursos, la redistribución de la riqueza en términos de progresividad, es decir, teniendo presente la capacidad de cada una de las capas sociales de satisfacer sus necesidades y, por tanto, del nivel de asistencialismo racional exigido para lograr esa cobertura, con o sin el concurso de la iniciativa privada.

Ese contenido del concepto democracia tiene como subyacente el de la igualdad en cuanto facilidad de garantizar a todos las posibilidades de desarrollar sus potencialidades, propia e inherentes a la existencia individual, a través de la actuación niveladora del Estado para lograr minimizar las desigualdades naturales y propias del ser humano.

Los órganos legislativos, cualquiera sea denominación Congreso, Cámaras, Cortes o Asamblea cobra así una extraordinaria importancia pues es el escenario de confluencia de intereses disimiles y  contrapuestos.

Se convierte la AN en el centro de la representación de la «Nación», del colectivo y de sus distintos intereses.

Es la AN un elemento institucional inhibidor de la tendencia patológica y perversa de «extorsión social» a la cual se siente inclinado un gobierno con legitimidad inicial, más no permanente, de una votación que le ha favorecido electoralmente.

La AN debe, dentro de la Constitución que la rige y del ordenamiento que internamente se ha dado, respetar las minorías, la disidencia democrática y legislar en función del colectivo y no del sector políticamente afecto al gobierno.

La AN debe ser el resorte y la estructura institucional del control político del gobierno para hacer que éste se sujeta a la ley, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y logre el bienestar colectivo. Vale decir, la AN es la garantía institucional del Estado democrático, Social de Derecho y de Justicia: democrático (respeto a todos sin exclusión y sin extorsión social y política), social en beneficio de todos privilegiando sin irrespeto de los derechos de otros sectores, de derecho al proveer del ordenamiento en ejecución directa de la Constitución bajo términos de igual, generalidad y universalidad de los derechos ciudadanos que reflejen tolerancia e inclusión y los limites a lo que el gobierno puede hacer; y finalmente de Justicia garantizando mediante el control institucional la autonomía e independencia del Poder Judicial para garantizar que privilegie el derecho frente al individualismo, o el derecho a quien corresponda sea frente al propio Estado o terceros; la exigencia responsabilidad y condenatoria al ejercicio del Poder Público arbitrario,  discrecional que se traduce en un acto o conducta dañosa y lesiva a los derechos del ciudadanos.

Es por eso que afirmamos que la AN no es nacional pues no representa el país, no refleja con su ejecutoria su composición y forma de ser; se ha convertido en un órgano de gobierno colectivo del PSUV.

Mucho menos, es democrática no es reflejo de respeto a los derechos y libertades cívicas; no es órgano de control sino de sumisión, no es órgano de legislación sino de persecución y actor violento contra la disidencia; patología reñidas con lo que es ser un ente democrático.

 @NegroPalacios