Los indígenas pemones de una aldea venezolana han dejado en libertad a decenas de soldados a los que mantenían detenidos, dijo el domingo un portavoz de esa etnia.
Levi González dijo que conversó con los pemones de la aldea de Uriman, cuyos integrantes decidieron soltar a los militares tras un acuerdo con las autoridades, las cuales aceptaron permitirles continuar con las actividades mineras y no emprender acciones judiciales por la detención de los soldados.
Por CHRISTOPHER TOOTHAKER, Associated Press
González dijo que decenas de personas de la aldea y comunidades vecinas tomaron como rehenes a 43 soldados, furiosas por los abusos de éstos y las operaciones militares dirigidas a desmantelar campamentos y equipo para la minería del oro.
“Eso fue lo que nos llevó a tal extremo”, dijo González en entrevista telefónica desde Santa Elena de Uairén, un poblado en Venezuela cerca de la frontera con Brasil.
“La minería siempre ha sido parte de nuestra forma de vivir. No nos estamos volviendo ricos, estamos sobreviviendo”, agregó.
González dijo que, el sábado, representantes de los pemones se reunieron con autoridades, entre éstas el general del ejército Cliver Alcalá Cordones, y la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez.
Los soldados fueron dejados en libertad el sábado al atardecer y los inconformes entregaron el domingo las armas que habían quitado a los militares y escondido en la selva, dijo González.
El gobierno y las autoridades militares no han hecho declaraciones sobre el incidente, que recibió una amplia cobertura en la prensa en Venezuela. El ministro de Información no respondió de inmediato a las peticiones para que hiciera declaraciones sobre el particular.
Esta situación comenzó debido a los abusos de los soldados, dijo el activista pemón Alexis Romero. Los militares detienen rutinariamente a los indígenas pemones para registrarlos en busca de oro y a menudo los arrestan varias horas.
Unos 30.000 pemones habitan la vasta región de la Gran Sabana, en el estado oriental de Bolívar, donde hay praderas amplias y mesetas.
El gobierno del presidente Hugo Chávez ha intentado durante años combatir la minería ilegal con el argumento de que causa deforestación y contaminación en los ríos.
González dijo que las autoridades acordaron permitir la minería a los indígenas y se comprometieron a no emprender acciones judiciales contra los dirigentes tribales responsables de tomar a los soldados como rehenes y de confiscar temporalmente las armas de los militares.
Romero dijo por teléfono que en el acuerdo con el gobierno, las autoridades también se comprometieron a investigar los supuestos abusos de los soldados así como a efectuar una redada de extranjeros y deportarlos, entre estos brasileños y colombianos, que efectúan minería ilegal.