Pemones alistan reglamentos para la minería en Bolívar

Los capitanes pemones en el sur del estado Bolívar informaron que están “dándole forma” a los acuerdos con el Gobierno para regular la actividad minera, el suministro de combustible a las comunidades y poner fin a las restricciones aéreas, informa Correo del Caroní.

Luego del desarme y retención de los 43 militares, ha reinado la calma y la reflexión para hacer de los acuerdos un marco de convivencia adecuado. Foto cortesía

 

Natalie García





La firma y cumplimiento de los acuerdos firmados entre el pueblo pemón y representantes del Estado el pasado 9 de febrero ha estado acompañada de un proceso de reflexión y de pausas.

Los capitanes de las comunidades indígenas confiesan que para cumplir con los 14 puntos -que permitieron la liberación de 43 militares retenidos- debe haber una norma clara, y en ese sentido están fijando un marco para garantizar que lo dispuesto en el documento pueda ser acatado por ambas partes.

La secretaria de la capitanía del sector 6, Lisa Enrito, explica que los acuerdos establecen temas delicados como el ejercicio de la minería y éste implica que sea explotada respetando el ambiente, fuera de las márgenes de los ríos y fuera del Parque Nacional Canaima.

“Estamos dándole… ¿cómo podríamos decirlo? forma a los acuerdos, porque necesitamos aprobar reglamentos que permitan manejar el ingreso de combustible, los vuelos, establecer todas esas cosas porque sino eso se puede volver en contra de nosotros” a futuro, indicó la vocera.

Por los momentos los indígenas están en comunicación permanente para poder unificar criterios y definir una hoja de ruta que permita hacer el cabal cumplimiento de los catorce puntos alcanzados, siendo los más críticos el manejo de combustible, el fin de las restricciones aéreas y los permisos para la minería artesanal.

Poniendo de su parte
Josval Simon, secretario de la capitanía de Canaima, ubicada dentro del Parque Nacional del mismo nombre, comentó que este miércoles sacaron de la zona a cuatro mineros, como parte de su compromiso de prohibir esta actividad dentro de esa área protegida.

Agregó que se reunirán este jueves en Santa Elena de Uairén para definir entre los capitanes y voceros otros aspectos y para entregar los proyectos prioritarios que pidió la Gobernación del estado, con el fin de evaluarlos y destinar recursos, al menos para los más importantes.

Sobre la pista de aterrizaje de Canaima, cuyo deterioro obligó a la empresa Conviasa a paralizar los vuelos hacia ese importante destino turístico, comentó que el primero de marzo comienza la primera fase de rehabilitación del pavimento.

“No han cerrado la pista porque están metiendo los materiales para terminar dos obras, el Banco de Venezuela, que se quemó el año pasado y el acueducto, al menos eso es lo que nos informaron, porque para reparar la pista hay que cerrarla y quieren que esto afecte a la zona lo menos posible”, acotó.

Aunque el tema de la pista de aterrizaje no está contemplado en el acta firmada el pasado 9 de febrero, y que fue motivada por la retención y desarme de 43 funcionarios militares en la comunidad de Urimán, a orillas del Caroní, para los habitantes de Canaima es un punto vital, pues su vocación es turística y los visitantes sólo llegan a través de esa rampa del aeropuerto.

Simon opina que hasta ahora lo que se estipula en el documento ha sido asumido de la mejor manera, y al igual que Henrito señala que ellos se han estado preparando para que de la parte indígena no haya falla que permita al Estado señalarlos como incumplidores.

Puntualizó que con relación a la escasez de alimentos, ya la situación se normalizó y en poblado, ubicado a media hora de vuelo de Puerto Ordaz, todo se ha calmado.

El cuento de nunca acabar…
Por su parte, el capitán Ramón Simon, que este miércoles estuvo en La Paragua buscando el combustible que le asignan en la estación de servicio comentó que siguen habiendo problemas con el despacho, pues el proceso no se agiliza y se mantienen algunas restricciones.

“A mi compañía no le dieron el combustible porque nos bajaron el cupo de 20 mil litros a 6 mil y ya los cargamos en varios vuelos, así no nos toca sino hasta el mes que viene. Para la comunidad sí nos permitieron cargar hoy 3.200 litros, pero cuando no es una cosa es otra”, advierte el representante.

Reitera Simon que parte de los problemas son ocasionados porque “no se entiende que Canaima se dedica al turismo” y por ende se le trata como a una comunidad minera y no como a una población con vocación turística, lo que en parte desanima a las operadoras e impide el desarrollo de un lugar cuyo principal atractivo es el Salto Ángel (Kerepacupai Vená).

Compromisos

He aquí algunos de los acuerdos alcanzados el 9 de febrero, que permitió la liberación de los militares retenidos en Urimán por los indígenas pemón, quienes exigían entre otras cosas el respeto a su cultura, a sus derechos como pueblos originarios y el cese de los atropellos por parte de los castrenses a los que estaban siendo sometidos.

– Los aviones, una vez realizada una inspección con el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), volarán libremente bajo un régimen especial de autorización mientras se legaliza su situación, y se acuerde el precio del pasaje conjuntamente con los capitanes.

– La operación denominada Arekuna cesa para las comunidades indígenas y cambia su denominación por Cuenca del Caroní.

– Se permite sólo a la población indígena que trabaje la minería sin dañar el cauce de los ríos y trabajar en conjunto en las acciones para eliminar la minería de aluviones.

– Las únicas áreas permitidas deberán tener la autorización del Ministerio de Minas (Ministerio de Petróleo y Minería), conjuntamente con los capitanes generales y comunales de acuerdo al censo realizado.

– Los capitanes se comprometen a ubicar las áreas que no dañen los cauces de los ríos y el Parque Nacional Canaima.

– El combustible se seguirá surtiendo a la comunidad indígenas a precios reales a través de capitanes generales y comunidades.

– Nadie capitalizará esta resolución políticamente.

– La no persecución y represalias ni consecuencias legales a los líderes y autoridades legítimas que han dirigido las manifestaciones suscitadas hasta el día 09-02-13.