Advierten de proyecto de ley para reforzar hegemonía del Gobierno en medios

Foto: Archivo

Texto: elinformador.com.ve

El diputado y periodista Miguel Ángel Rodríguez (Copei-Táchira) advirtió de la estrategia de coartar plenamente la difusión de informaciones y opiniones críticas al Gobierno nacional, lo cual contaría con el soporte de una ley que a finales del año 2011 comenzó a debatirse en segunda discusión en el parlamento nacional y que quedó “por ahora, metida en el refrigerador“.

 

Rodríguez se refirió a la exclusión del canal de noticias Globovisión, de la banda de televisión digital recientemente puesta a prueba en 13 estados por el Ejecutivo nacional.

Indicó que el proyecto de ley para la Comunicación del Poder Popular, que en principio se habría pensado sólo para darle marco jurídico a los llamados “medios alternativos”, habría“evolucionado hacia el cumplimiento del plan político de la hegemonía comunicacional, para que todo evento informativo y de opinión que pudiera influir en las decisiones del pueblo venezolano, quedaran en dominio exclusivo de funcionarios del llamado gobierno revolucionario”.

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El diputado y periodista Miguel Ángel Rodríguez (Copei-Táchira) advirtió de la estrategia de coartar plenamente la difusión de informaciones y opiniones críticas al Gobierno nacional, lo cual contaría con el soporte de una ley que a finales del año 2011 comenzó a debatirse en segunda discusión en el parlamento nacional y que quedó “por ahora, metida en el refrigerador“.

Miguel-Ángel-Rodríguez

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Rodríguez se refirió a la exclusión del canal de noticias Globovisión, de la banda de televisión digital recientemente puesta a prueba en 13 estados por el Ejecutivo nacional.

Indicó que el proyecto de ley para la Comunicación del Poder Popular, que en principio se habría pensado sólo para darle marco jurídico a los llamados “medios alternativos”, habría“evolucionado hacia el cumplimiento del plan político de la hegemonía comunicacional, para que todo evento informativo y de opinión que pudiera influir en las decisiones del pueblo venezolano, quedaran en dominio exclusivo de funcionarios del llamado gobierno revolucionario”.