Ventajismo del candidato del Gobierno. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó la misión de estudio electoral del Centro Carter al evaluar la campaña electoral previa a la elección del 7 de octubre, que ganó Hugo Chávez, en la que se conjugaron los mismos factores de ventaja que se verifican en la actual contienda presidencial: el candidato oficialista que aspira a ganar los comicios ya se encuentra en ejercicio del cargo por el que compite.
DIANA LOZANO PERAFÁN / El Nacional
“El alcance y la fortaleza de los mecanismos de regulación, y la determinación de las autoridades a cargo de hacerlos cumplir (en este caso el Consejo Nacional Electoral), determinan en gran medida la habilidad para contrarrestar las ventajas naturales del candidato en el ejercicio del poder, y garantizar así igualdad de condiciones en la competencia electoral”, advierte el Centro Carter en el informe que presentó a propósito de los comicios de octubre de 2012.
En este sentido, agrega que se verifican en esta contienda las mismas condiciones que se tenían para la elección pasada, pues los cinco rectores principales que integran actualmente el CNE son los que formaban parte del ente electoral en los comicios de octubre: Tibisay Lucena –que los preside–, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Vicente Díaz.
El informe el Centro Carter es contundente con respecto a la imparcialidad del ente electoral. “Al igual que todas las instituciones venezolanas en la actualidad, el CNE está profundamente afectado por el partidismo. Aunque en teoría los rectores del CNE fueron nombrados por su experiencia profesional, desde 2003 muchos venezolanos los perciben como individuos con fuertes afinidades partidistas. De los cinco rectores actuales, cuatro están vinculados, con distintos niveles de solidaridad, al gobierno de Chávez. Uno de ellos, el presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, está vinculado a la oposición”, indica.
Al revisar el informe de 85 páginas se constata que la realidad de aquella elección parece ser exactamente la misma que la de esta: un CNE que, según el Centro Carter, no se ubica en el medio sino más del lado del candidato oficialista, un abanderado de Gobierno que ya ejerce el cargo por el que compite –en este caso el presidente encargado, Nicolás Maduro– y un aspirante de oposición que cuenta con el apoyo de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática –el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, el mismo que se midió con Chávez el 7 de octubre–.
Medios y cadenas. El Centro Carter advierte en su informe que en la contienda electoral anterior el entonces candidato oficialista, el presidente Chávez, podía ordenar la transmisión en cadena de radio y televisión de sus discursos, que en total sumaron 40 horas y 57 minutos de exposición gratuita y obligatoria en todos los medios.
Ese derecho, que en la campaña pasada tenía Chávez, lo detenta ahora Maduro. “Las leyes permiten, además, al gobierno transmitir de forma gratuita anuncios institucionales de hasta 10 minutos por estación, cada día, los cuales son muy parecidos a los anuncios de campaña”, agrega el informe.
El Centro Carter también monitoreó entonces la cobertura dada por los medios de comunicación a ambos candidatos.
“Al comparar en los gráficos el promedio de cobertura de los medios privados y estatales, encontramos un desequilibrio en el tono de la cobertura entre ambos, pero aún más pronunciado entre los medios estatales”, se señala en el documento.
En el informe se indica que las televisoras del Estado dieron 46,6% más cobertura a la campaña de Chávez que a la de Capriles, mientras que las privadas dieron 14% más al abanderado de oposición.
El manejo de los medios en esta contienda electoral deberá ser analizado al concluir esta campaña, que finaliza el jueves 11 de abril.
Uso de recursos públicos
Uno de los elementos que deben ser monitoreados, tomando en cuenta los datos aportados por el Centro Carter en el informe que presentó a propósito de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, es el uso de los recursos públicos por ambos comandos de campaña.
En el referido documento se advierte que tanto del lado del oficialismo como de la oposición se usó dinero público para movilizar a los votantes el día de la elección.