La Ley Desarme, cuyo anteproyecto fue presentado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, tras su elaboración mediante un proceso de consulta nacional, realizado entre esta instancia y la Asamblea Nacional (AN), restringirá la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares.
De acuerdo con información suministrada por la Unidad Técnica de Desarme, el referido instrumento legal, próximo a ser aprobado por la AN, “propone una restricción total de la venta de armas de fuego a personas particulares y deja como excepciones a los deportistas que se dedican a la práctica federada de tiro, para la práctica de cacería, servicios de protección de personas y bienes y cuerpos de seguridad”.
Además, en dicho anteproyecto desaparece la venta de armas de fuego en armerías como rubro comercial, así como desaparece la figura de porte de armas para defensa personal.
“En el anteproyecto de ley presentado por la Comisión Presidencial para el Desarme se establece que los civiles podrán tener armas sólo para su tenencia domiciliaria y no en las calles. Se considera la figura de la ‘Tenencia Domiciliaria’ como una alternativa capaz de remplazar el actual permiso de porte de armas”, informó la Unidad Técnica de Desarme.
En este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, expresó en días pasados que la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme debe ser un instrumento de la revolución que integre los elementos socialistas necesarios para “velar por la seguridad de todos los venezolanos”.
“El comercio de municiones no puede ser abierto al mercado, el monopolio de eso lo debe tener el Estado venezolano”, ratificó Cabello.
El anteproyecto elaborado por la Comisión Presidencial fue enviado a la AN el 18 de junio de 2012 por mandato del Presidente de la República, Hugo Chávez. Consta de 125 artículos y ocho disposiciones transitorias, en las que se destaca un plazo máximo de 180 días desde su sanción para la promulgación de los reglamentos y la puesta en marcha de los mecanismos de control.
También estipula duras sanciones contra funcionarios públicos que cometan delitos relacionados con tráfico de armas de fuego y dispone la corresponsabilidad entre autoridades civiles y militares.
Por ejemplo, las personas que incumplan las medidas de seguridad establecidas sobre el uso y porte de armas deberán pagar 1.000 unidades tributarias y, cuando se cometan delitos, las penas aplicadas podrán llegar hasta a los 20 años de cárcel.
Inutilización, destrucción y marcaje
El proyecto de ley también establece medidas concretas para el control de armas y municiones, que incluso ya son aplicadas por los organismos de seguridad del Estado, bajo las órdenes del Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ).
En este sentido, la ley establece como obligatorio el marcaje de todas las armas de fuego y municiones importadas y fabricadas en el país, esto para llevar un control personalizado, así como por organismo de seguridad de dónde se encuentra cada arma y munición, y quién o cuál organismo es responsable del uso tanto del arma como de las municiones.
“La finalidad es fortalecer los mecanismos de rastreo y control posterior, así como evitar el desvío de armamento a circuitos ilegales. En el plazo de un año, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, se debe implementar un sistema de marcaje. No habrá prórroga”, explicó la Unidad Técnica de Desarme.
Además, resalta la información suministrada por la Unidad Técnica de Desarme, el proyecto de desarme ratifica la inutilización de las armas de fuego incautadas, decomisadas, colectadas o confiscadas. Una vez realizadas las experticias necesarias para garantizar la evidencia procesal, estas armas serán destruidas.
Hasta la fecha, con políticas soberanas de desarme, Venezuela se ha convertido en el país con mayor destrucción de armas de fuego, al superar las 340.000.
En cuanto al marcaje de las municiones, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) se adecúa para llevar a cabo este proceso, que ya comenzó con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), a los cuales ya se les entregó un primer lote de municiones marcadas con un código que las identifica.
Posteriormente, este proceso será individualizado, de manera que tanto en el cartucho como en el proyectil sean marcados con el código que identifique tanto el organismo como la persona responsable de cada munición.
Control y registro
La ley por aprobar prevé asimismo la creación de “bases de datos de acceso compartido”, que permitirán al MIJ acceder a toda la información sobre las armas y municiones que se encuentran en el país.
El proyecto también establece que las empresas del Estado fabricantes, importadoras y comercializadoras de armas de fuego y municiones deberán presentar anualmente el plan de fabricación e importación para su aprobación por parte del Presidente de la República, en Consejo de Ministros.
Responsabilidad en medios de comunicación
Los medios de comunicación también deberán ayudar con la promoción y el cumplimiento de la Ley Desarme. Su trabajo será fundamental en la difusión de mensajes que contrarresten la violencia y el uso indebido de armas.
“Los medios de comunicación: prensa, radio, cine, televisión y medios electrónicos deberán incluir, de manera gratuita, en su programación diaria, mensajes y campañas de prevención e información respecto al uso indebido de armas de fuego”, precisa la Unidad Técnica de Desarme.
De igual forma, deberán fomentar la promoción de medidas de control y políticas de desarme, mientras que “tendrán que abstenerse de difundir informaciones o imágenes que promuevan o inciten el uso de armas de fuego y municiones”.