Indígenas denuncian que la GN apoya a la guerrilla colombiana

Foto: La Verdad

Indígenas luchan con las manos vacían a favor de uno de ellos. Conviven con el peligro y la amenaza. A Saúl Abocbaicana lo condenaron a 15 años de cárcel y los ganaderos de Machiques señalan a miembros de las Farc como dueños de la droga. Denuncian plantaciones cerca de Aricuaizá.

Cuando Saúl escuchó el disparó, subió las manos a la altura de la cabeza. Uno de los soldados lo llamó con los dedos y él cruzó el río en su canoa. Contó 12 militares. Eran las 11:00 de la mañana. Cuando se acercó al lado colombiano se dio por muerto. No hizo el mayor esfuerzo por defenderse.

-Nos dijeron que eran miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y que solo querían que los pasáramos en la canoa al otro lado del río. Cuando los dejamos del lado de La Vaquera, nos dijeron que no podíamos irnos- El hermano de Betty, adolescente, también fue retenido con Saúl.

Las canoas colombianas se diferencian de las venezolanas por los colores. Así lo plantearon ellos hace años, para no tener ningún parecido con los productores de coca. La de Saúl era roja con una franja blanca –aplicaron los colores hace más de 20 años- y el muchacho no entendía por qué no retenían las lanchas azules con rayas verdes y rojas.

Pasaron de nuevo al lado colombiano. Ahí los militares apuntaron al adolescente con un fusil y le dijeron que si hablaba en barí, le dispararían en la cabeza. Más de seis residentes de Bokshí vieron la escena, pero pensaron que no pasaba nada: el adolescente no habló. A Saúl le dijeron que estaba detenido por tráfico de drogas y que irían a un laboratorio, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de donde estaban, en territorio colombiano. Le pidieron que mostrara las palmas de sus manos y luego le taparon el rostro con una capucha. Lo montaron en un helicóptero y lo llevaron a Santa Bárbara, en el municipio Colón. Luego lo encarcelaron junto con tres colombianos en una celda del municipio Jesús María Semprún. Ahí está desde 2009.

El Tribunal Segundo de Control lleva su caso. En septiembre de 2012 lo condenaron a 15 años de prisión por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. Su esposa, sin dinero en el bolsillo, dejó a su hija en casa de una hermana, en Maracaibo, para limpiar casas de Casigua –capital de Semprún- y poder llevarle la comida.

En enero la niña murió. Se quedaba sola en casa de su tía y una tarde se comió un artificio pirotécnico que le provocó la muerte en unas horas. Saúl pidió entonces un permiso para ir al entierro, pero se lo negaron. Tampoco tienen dinero para pagar un abogado y lo asisten tres defensores públicos. El 6 de febrero el Tribunal de Apelaciones desechó la sentencia. Consideró que había vicios y el juicio comenzará de nuevo. El pescador de Bokshí sigue tras las rejas.

Depósito
En El Cruce hay motociclistas, contrabandistas de gasolina y miedo, mucho. Los rumores de que la guerrilla y el narcotráfico se habían adueñado de la zona los confirmó Juan Carlos Pinzón, ministro de defensa de Colombia, cuando la Policía local abatió al “Cojo”, uno de los insurgentes que puso una bomba en el edificio de la Policía Nacional en Bogotá el pasado 15 de agosto. Se enfrentó a las autoridades venezolanas a pocos kilómetros de ese poblado.

Quienes más se quejan de la presencia de colombianos armados son los ganaderos. Quince de ellos, todos escondiendo su nombre, reconocen que más de 40 hombres del frente 33 de las Farc les reclaman, a punta de ametralladora, 20 mil bolívares al mes. “No podemos hacer nada porque vemos cómo la Guardia Nacional los ayuda. Estamos solos”.

Los quince ganaderos y un exalcalde coinciden en la ruta que completa la fluvial: después de salir del río y burlar el puesto de Ejército bajo soborno, los esperan camiones cisternas que simulan traficar combustible. Atraviesan la carretera Machiques-Colón burlando un puesto de la Guardia Nacional en el sector La Gocha y recorren toda la vía, atravesando El Cruce, hasta llegar a un sector llamado La Campesina.
-Allí hay una finca que se llama La Sorpresa. Era de un señor de apellido Romero, pero se la vendió a unos colombianos hace como tres años. Le dieron dinero y más de cinco camionetas. Él desapareció-. Eso lo cuenta uno de los 45 pescadores que se gana la vida en el río Santa Ana. Detalla que denunció en la Policía local que los nuevos dueños almacenan allí panelas de cocaína, pero los oficiales llegan durante el día a hacer requisa y se llevan detenidos a los pescadores.

Sigue el pescador:
Pero es que el movimiento allí es de noche. En vez de tomar la ruta común hasta la Machiques-Colón, salen por la otra vía para burlar el puesto de la Guardia Nacional de Aricuaizá-.

Pese a que no existen denuncias de las operaciones en esta finca, los antecedentes la ponen en el ojo del huracán. El 3 de enero del año pasado José Goncalvez, jefe del Comando número 3 de la Guardia Nacional presentó a un mayor del Ejército y una sargento de la Guardia como traficantes de 506 panelas de cocaína que ingresaron desde la Sierra de Perijá a un sector agropecuario de Aricuaizá, en el municipio Machiques –frontera con Jesús María Semprún-. Los agarraron a unos kilómetros del puesto militar en una camioneta Explorer que salía de la carretera que señaló el pescador. Con los dos uniformados, que pretendían llevar la droga a Caracas, apresaron a cuatro colombianos que en septiembre del año pasado se fugaron del retén policial de Maracaibo.

El 17 de enero de este año también decomisaron 500 kilos de cocaína dentro de una camioneta que compró la alcaldía del municipio Machiques el año pasado. El transportista del alijo, Joan Bracho, es presidente de la junta parroquial de la parroquia Río Negro y en septiembre del año pasado lo despidieron de su empleo, como miembro del Instituto de Desarrollo Rural de Machiques. Ahora el concejal Jesús Rincón pidió iniciar una investigación a tales vehículos. El edil asegura que el alcalde Vidal Prieto podría estar involucrado en un caso “delicado”.