Denuncias por persecución política en despachos públicos llegan a la OIT

La persecución de los trabajadores considerados opositores, que se intensificó luego del estrecho margen de votos que le dio la Presidencia de la República a Nicolás Maduro, es rechazada por las organizaciones laborales, publica La Verdad.

Por Daniela García/ [email protected]

Los sindicatos denuncian ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Gobierno venezolano por el hostigamiento que existe contra los empleados dentro de los diferentes organismos de administración pública y empresas del Estado.

Froilán Barrios, miembro del Movimiento Laborista, afirma que la cacería en contra de los trabajadores públicos constituye una “aberración” por parte de las autoridades.

“Ayer a las 10.00 de la mañana se entregó una queja en la OIT porque en ministerios, gobernaciones, entes públicos y empresas estatales persiguen a los empleados, los amenazan con despedirlos por estar en contra de las políticas del Gobierno”.

Barrios asegura que al hostigar por factores políticos, el Estado viola los convenios de la OIT suscritos por Venezuela, que prohíben cualquier tipo de discriminación contra los trabajadores.

La reciente denuncia realizada por los sindicatos contra el Gobierno se suma a otras hechas con anterioridad por los casos de la aplicación de la llamada Lista Tascón y el despido de 23 mil trabajadores de Petróleos de Venezuela en el año 2003.

El dirigente indica que en la próxima asamblea anual de la OIT, que se llevará a cabo entre mayo y junio en Ginebra (Suiza), se solicitará formalmente una sanción para el Estado venezolano por los atropellos laborales.

“Vamos a pedir a la Organización Internacional del Trabajo que envíe a Venezuela una misión de alto nivel para que investigue los casos de amedrentamiento dentro de organismos e instituciones públicas”.

Barrios afirma que el país tiene abierto uno de los mayores expedientes de denuncias en la OIT por los abusos cometidos en contra de la masa laboral.

Persecución

Las denuncias de hostigamiento salen de organismos como gobernaciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros entes.

En empresas estatales como Petróleos de Venezuela (PDVSA), Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), Petroquímica de Venezuela (Pequivén) y Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) también se presentan casos de persecución.

Las amenazas contra empleados públicos y estatales se centran en el despido por comprobarse una tendencia política desfavorable para el Gobierno.

La Gobernación de Zulia está entre las primeras instancias que proceden a “botar” a los empleados considerados opositores a la gestión de Maduro.

Barrios denuncia que el 19 de abril el trabajador Alberto Molina, quien laboraba en un módulo de asistencia del Ejecutivo regional en Tía Juana, en el municipio Simón Bolívar, se suicidó tras ser despedido por motivos políticos luego de 12 años de servicio.

 

Pruebas

Entre las pruebas de persecución laboral se encuentran una grabación de Leonet Cabezas, director de Deportes de la Gobernación de Zulia, y un video de Ricardo Molina, ministro de Vivienda Hábitat, en los que se escucha a ambos funcionarios amenazar a trabajadores públicos con ser despedidos por no apoyar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

 

Apoyo

Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular. “Vamos a denunciar en las instancias internacionales de derechos humanos y los organismos del trabajo en Venezuela las amenazas contra los empleados públicos”.

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia. “Nos estamos preparando legalmente para defender a la gente que está siendo agredida, que es discriminada por querer un cambio para el país”.