La detención del general retirado Antonio Rivero constituye, a juicio de la dirigencia de Voluntad Popular Bolívar, el inicio de una “cacería de brujas” contra la Alternativa Democrática en Venezuela.
La afirmación corresponde a Olivia Lozano, responsable regional de la tolda naranja en la región guayanesa, quien repudió la captura del ex director nacional de Protección Civil por considerarla “netamente política”.
“Antonio Rivero es el primer preso político del gobierno de Nicolás Maduro, que no persigue a la delincuencia pero sí a la disidencia. Maduro se olvidó ya de su promesa electoral de combatir al hampa con la que está aliado para amedrentar las protestas pacíficas del pueblo usando motorizados armados, mientras el poder judicial se dedica a encarcelar a dirigentes políticos democráticos”, afirmó.
Lozano explicó que no existen motivos legales para encerrar a Rivero, pues el video presentado por el ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres como prueba “es una manipulación más de las que montan los laboratorios oficiales para acusar y mal poner, porque el general no cometió ningún delito, decirle a unos jóvenes cómo cuidarse no es un crimen, allí no se prueba nada”.
Justicia selectiva
Olivia Lozano comparó el caso de Rivero con las declaraciones del ministro de Vivienda Ricardo Molina, “de él existe un video donde públicamente amenaza a los empleados públicos con despidos y persecuciones e instiga al acoso laboral, pero ante eso el gobierno hace caso omiso”.
“Al ministro Molina lo premiaron ratificándolo en el cargo, cuando debería afrontar una investigación y abandonar la función pública por decir las barbaridades que dijo, entre ellas que no le importaban las leyes laborales, por eso afirmamos ante el mundo que en Venezuela existe un sistema judicial politizado y selectivo”, opinó.
La vocera exigió la inmediata liberación del general Antonio Rivero, ratificando que con él se comete una nueva injusticia que busca amedrentar a quienes luchan porque salga a la luz la verdad de lo expresado por los venezolanos en las elecciones del pasado 14 de abril.
“Mientras el Consejo Nacional Electoral le niega al país una auditoría seria y clara, que permita revisar los cuadernos de votación y esclarecer los resultados, este gobierno autoritario quiere meternos presos a todos, si es así que vayan preparando las cárceles para más de 7.3 millones de personas que estamos empeñadas en que en Venezuela haya una verdadera democracia”, sentenció.