Ministro de Alimentación estima resolver el desabastecimiento en 60 días

(Foto Archivo)

El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, informó este martes que el Gobierno Nacional trabaja de manera conjunta con las comunidades y el sector privado para solventar las dificultades de adquisición de rubros de la cesta básica y estimó un lapso no mayor de 60 días para cumplir esta meta. AVN

“El diálogo está abierto con el sector privado. Hemos atendido sus propuestas, muchas de ellas son válidas y las estamos evaluando”, expresó Osorio, entrevistado en Toda Venezuela, programa que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Ratificó la disposición del Gobierno de dialogar con las distintas áreas relacionadas con la alimentación, incorporarlas y ejecutar acciones que sean propuestas desde el sector privado en función de garantizar la soberanía alimentaria.

Sin embargo, recordó que “es el Gobierno el que dicta la pauta, asume medidas y los sectores aliados deben acatar. Estamos en esas conversaciones, sobre todo en el tema de los ajustes de precios”.

Informó una de las principales acciones a evaluar es el tema de la asignación de divisas y para ello —informó Osorio— sostendrá una reunión el próximo jueves con el ministro para las Finanzas, Nelson Merentes.

“Vamos a tratar el tema de la distribución de divisas y el tema del control de precios. Luego de esa reunión esta semana, esperamos presentarle al presidente Nicolás Maduro el informe con las medidas planteadas para regular esta situación”, enfatizó.

El ministro recalcó que el acaparamiento y la especulación siguen siendo los factores principales que generan desabastecimiento en el país, situación que afecta sin discriminación de ideología política.

Alertó a los sectores dedicados a generar este tipo de inconvenientes atenerse a las implicaciones legales a que hubiere lugar, las cuales están establecidas en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, promulgada por el Comandante Hugo Chávez en 2008, la cual prohíbe que empresas y productores incurran en el delito de acaparamiento intencional o el retardo de producción y distribución, tal como ocurrió en 2002.

“En este momento ya no pueden repetir esa situación, hay leyes, hay controles y un Estado garante de la soberanía alimentaria de su pueblo. Si lo hacen, nos dan la autoridad para tomar la planta”, puntualizó.