La información publicada en la página oficial de la Interpol no es mucha, son pequeños detalles: el nombre, muchas veces incompleto, el delito, los datos físicos que se conocen y si acaso una foto, por lo general, en mal estado; sin embargo, el alcance de la búsqueda es internacional. Toda aquella persona que ingrese a esta lista negra se coloca bajo el filo de los cuerpos de investigación de 190 países miembros del mayor organismo policial del mundo, con sede en Lyon, Francia. Así lo reseña un reportaje especial del diario Panorma.
Juan Pablo Crespo, Panorama.
De acuerdo con los registros oficiales, 72 venezolanos se encuentran en la actualidad bajo la lupa de miles de funcionarios. Basta estar prófugo de la justicia, que un tribunal emane una orden de captura y que el Ministerio Público solicite a un juzgado la alerta de difusión roja para quedar fichado con un cartel que dice wanted (buscados). Los nacionales que son requeridos internacionalmente son señalados de haber incurrido en delitos tanto en el interior de la República como más allá de las fronteras.
Según los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal, el 73,61% de los venezolanos solicitados son mayores de 30 años de edad, y las edades del 26,38% restante oscilan entre 19 y 29 años. De acuerdo con su lugar de nacimiento, los zulianos son los que lideran la lista. 18 de los fugados nacieron en la entidad occidental, seguidos por los caraqueños y los nacionalizados. En 15 de las fichas no aparece esta información.
El grueso de la lista está integrado por hombres. En total, 63 son del sexo masculino, equivalente al 87,5% de los solicitados. La mayoría de ellos son investigados por los cuerpos policiales por cometer delitos violentos, como homicidios, robos, secuestros, violaciones, esto en el 49,2% de los casos. El restante aparece incurso en hechos vinculados con tráfico de sustancias estupefacientes y el 25,39% por corrupción, fundamentalmente estafa y fraude.
En este renglón destaca el caso de Iván Enrique Parra Acosta, de 40 años, natural del estado Zulia. Este hombre es solicitado por un tribunal de Mérida, por presuntamente estar involucrado en diversos hechos de sicariato en contra de sindicalistas. Para el momento en que se abrió la investigación, Parra era uno de los principales líderes del Sindicato estatal integral de trabajadores de la construcción y conexos del estado andino.
También es buscado Giomar Alejandro Cartagena Alcántara, de 25 años, implicado en el homicidio de Oriana Monasterios Alsina y Joaquina Alsina Sánchez. Los cuerpos de las dos mujeres fueron hallados en una zona solitaria de Parque Caiza, totalmente carbonizados. Los cadáveres presentaron heridas por arma de fuego. De acuerdo con las investigaciones, Cartagena ingresó a la vivienda de su novia para robar 32 mil dólares y fue sorprendido en el hecho. Fuentes vinculadas con las averiguaciones señalaron que el investigado huyó a Colombia.
Asimismo, integra la lista el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, integrante de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra evadido de la justicia por supuestamente guardar vínculos con el narcotraficante Walid Makled. En los actuales momentos, el jurista reside en Estados Unidos sin que se consolide la solicitud de captura en su contra. Igual ocurre en el caso del exalcalde metropolitano Alfredo Peña, quien figura con los cargos de corrupción y malversación específica, tipificados por el Ministerio Público.
En este sentido, el criminólogo y ex directivo de la policía técnica judicial, Javier Gorriño, explicó que los organismos policiales de cada país son autónomos al momento de ejecutar la orden de aprehensión, por ello se pueden apreciar casos como los de Peña y Aponte que aún conociendo su paradero se queda sin ejecutar la captura.
Interpol tiene entre sus postulados no intervenir “en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
Por ello, su actuación en relación con el caso de los banqueros solicitados por la justicia nacional, por supuestamente incurrir en apropiación indebida de créditos y distracción de recursos financieros.
Algunos de los investigados recurrieron, en esa oportunidad, a la sede principal de la policía internacional y alegaron que sus casos eran “políticos”, lo que generó que sus difusiones fueran bloqueadas por la Interpol. Esto generó por primera vez la visita del secretario general de esta organización, Ronald Noble, al país.
Sin embargo, este hecho aislado no desmerita en lo absoluto la función de la Interpol para el exfuncionario policial, quien considera que es una “herramienta indispensable en la lucha contra el delito. En un mundo globalizado como el que vivimos ahorita sería imposible estar sin esta organización, equivaldría a encontrarse en una isla desierta”.
En el caso de las mujeres que figuran en la pantalla internacional, la mayoría es investigada por hechos vinculados con corrupción, a diferencia de sus pares los hombres. Solo dos de las personas que figuran del sexo femenino tienen abiertas investigaciones por incurrir en delitos violentos. En sendos casos el móvil fue el crimen pasional, como ocurrió con Karelis Leonor Salinas, de 45 años, quien supuestamente está implicada en el homicidio de Kriss Ramos Loreto, ocurrido el 31 de marzo de 2007, en Ciudad Bolívar.
De la página de Interpol también se desprende que de las 72 personas prófugas de la justicia, 19 de ellas están solicitadas por cometer delitos más allá de las fronteras nacionales. Son requeridas por tribunales de Estados Unidos, fundamentalmente, Argentina, España, India, entre otros.
En Houston hay orden de captura contra Jesús Gerardo Salazar, de 19 años, quien aparece involucrado en la muerte de Felicia Nichole Ruiz, de 17 años, junto con otros tres jóvenes. El crimen ocurrió en 1999, la noche de Halloween, cuando iban a una fiesta. En su momento los familiares de la víctima ofrecieron siete mil dólares por cualquier información que diera con el paradero del venezolano.
Asimismo están solicitados Diego Uzcátegui y Daniel Uzcátegui, padre e hijo, por la justicia argentina. Los dos hombres aparecen vinculados con el caso del maletín de Antonini Wilson, hecho conocido en el mes de agosto de 2007. Uzcátegui se desempeñaba como gerente de Pdvsa Argentina, lo cual derivó que el 17 de agosto de 2007 se separara de su cargo para favorecer las investigaciones, de acuerdo con un comunicado de la empresa petrolera.
Un tribunal de Paraguay emitió difusión roja en contra de Marcelo Alessio Silvio Barone Serra, de 49 años, y de su esposa, María Elizabeth Vásquez, por supuestamente incurrir en una estafa de 36 millones de dólares en contra de la caja de jubilaciones del personal de Itaipu Binacional.
El 47,36% de los delitos cometidos por venezolanos en el exterior está vinculado con hechos de corrupción, lo cual denota que “no somos violentos, nuestra cultura no es violenta, por eso el nativo es más propenso a incurrir en estafas y fraudes, que en hechos violentos”, de acuerdo con la estimación realizada por Gorriño.
En el conocido listado también aparece reseñado el matrimonio Gabriele Gentile y María Inmaculada Bianchini Medrano por presuntamente haber estafado a 26 personas en España, obteniendo de manera ilícita una cantidad de dinero valorada en casi un millón de euros. El 20 de septiembre de 2011 fueron detenidos en Caracas, por una comisión de Interpol Venezuela, y luego de ser presentados a los tribunales, el máximo juzgado del país ordenó su libertad sin restricciones y el archivo fiscal de la solicitud de detención.
En relación con este caso, el criminólogo explicó que la investigación principal reside en España y si alguno de los solicitados es detenido en el exterior puede ser extraditado por otra justicia al país europeo. “El hecho de que un tribunal sentencie a favor de ellos no implica que se levante la búsqueda, solo estarán tranquilos en Venezuela, recuerda que la Constitución nacional establece que ningún venezolano es extraditable”, acotó el experto.
Este es el mismo caso de Guillermo David Clamens, de 49 años, investigado por conspiración y fraude electrónico, recaudando una cifra de 50 millones de dólares en contra de la empresa venezolana Citgo, en Nueva York. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó, el 13 de abril de 2012, el archivo del expediente y sentenció la libertad sin restricciones para el investigado.
La página oficial de la Interpol reporta 24 casos de personas que ya no se encuentran solicitadas por la justicia, debido a su captura por parte de los organismos de seguridad nacionales o internacionales o su fallecimiento, pero —a pesar de este hecho— siguen apareciendo registrados en el sitio web con la conocida difusión roja.
Tal situación podría obedecer a que el listado no ha sido depurado por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscritos al organismo internacional, al parecer de Gorriño.
Tal es el caso de Daniel David Leal Prieto, de 34 años, relacionado con el homicidio de Antonito Meléan, hecho ocurrido el 27 de diciembre de 2009 en la ciudad de Maracaibo, cuando la víctima salía de un centro comercial. Leal Prieto fue asesinado el siete de abril de 2010 en el interior del pabellón A del retén El Marite, en un atentado perpetrado por un grupo comando que lanzó una granada fragmentaria en el penal. Casi tres años después su nombre sigue apareciendo con una difusión roja.
Asimismo ocurre con 20 venezolanos que han sido detenidos por los cuerpos de seguridad nacionales o internacionales durante los últimos años. Entre ellos destacan los sicarios de Walid Makled capturados en Barranquilla, Colombia, en mayo de 2012. Álvaro Luis Ospino Illera, de 26 años, y Víctor Rafael Reales Hoyos, de 40 años, fueron deportados a Venezuela el 25 de julio de 2012, corrieron con la misma suerte del narcotraficante venezolano, quien fue entregado a las autoridades venezolanas por sus homólogos colombianos.