Marta Colomina: Fraude, terrorismo y golpe al Parlamento

La locura de los lugartenientes de Chávez, solo controlada por el “muro de contención del Comandante Supremo”, como declarase Diosdado Cabello, se ha desatado en una violencia devenida en terrorismo de Estado después de los resultados electorales del 14-A, en los que, a pesar del nada disimulado fraude que dio “ganador” a Maduro por poco más de 200 mil votos, la pérdida de casi un millón de electores chavistas que sufragaron por Capriles ha sacado de quicio al nada carismático “heredero” y al furibundo teniente Cabello, quien ha convertido la AN en un gueto nazi-fascista. Aunque los diputados opositores obtuvieron el 52% de los votos (que la vil patraña del CNE tradujo en minoría) el presidente de la AN decidió impedirles el derecho de palabra y como supuso que tan grave violación de sus derechos constitucionales era de escaso rigor para el cuartel de conscriptos que hoy es el Parlamento, aupó una criminal agresión contra los diputados María Corina Machado (cuatro fracturas en la nariz), Julio Borges (fractura y enormes moretones en su cara), De Gracia (empujado por una escalera) Gómez Sigala y otros. Tal salvajada recorrió los noticieros de TV y prensa del mundo, como prueba de que la locura desatada después de la muerte de Chávez, desembocó en fascismo puro y duro y en un golpe de Estado al Parlamento. Solo falta que incendien el hemiciclo para emular la quema delReichstag alemán y culpar a la disidencia.

Aunque la lógica política recomienda (como dijo el hábil JVR al “Ilegítimo”) que la crisis del país obliga a Maduro a tender puentes con el sector privado de la economía y, sobre todo, con la oposición representada por Henrique Capriles, la respuesta oficial ha sido la de un terrorismo aplicado desde todos los poderes públicos y diseñado por la dictadura cubana de Raúl Castro, como la monstruosa golpiza en plena AN contra los diputados de la Unidad Democrática. Esa brutal agresión -dice esta semana un editorial de El País de España, a semejanza de otros muchos medios del mundo democrático- “muestra ya sin tapujos el rumbo deplorable que han adoptado los herederos de Chávez después de las elecciones del 14-A. Tras rechazar el recuento de votos que exige Henrique Capriles, Maduro escoge opciones destructivas”. El editorial relata la persecución política de que han sido víctimas sindicalistas, trabajadores y funcionarios por sospecha de haber votado por Capriles: “La MUD ha recibido más de 4 mil denuncias de empleados públicos que han sido despedidos, degradados o amenazados por ser sospechosos de simpatizar con la oposición” y refiere la detención del general Antonio Rivero bajo la acusación de estar vinculado a las protestas (declarado en huelga de hambre, hecho terrible que acaba de seguir su anciana madre de 81 años), sin olvidar las detenciones, amenazas y torturas a jóvenes en todo el país por solicitar el recuento de los votos electorales. “Del acoso -concluye el editorial- no se libra ni el propio Capriles, a quien la ministra del Servicio Penitenciario ha anunciado que ya tiene lista su celda”. “Estamos -denuncia la ONG Provea- en “una etapa superior de la criminalización de la protesta”, ante la aplicación de la Ley Antiterrorismo y la justicia militar contra civiles”.

Ante el estrecho y cuestionado resultado electoral y las presiones internacionales para que se haga una auditoría confiable, Maduro se comprometió en cadena y luego en Lima con los presidentes de Unasur, a que se realizase la auditoría solicitada por Capriles, como también lo hiciera la presidenta del CNE, de cuya promesa ambos se retractaron después de la juramentación. Ahora el gobierno ha emprendido una feroz campaña de acusaciones achacando a la oposición las muertes de militantes del PSUV -muchas de ellas desmentidas por familiares de los fallecidos- y culparla de la destrucción de varios CDI que jamás fueron dañados, como demostrase la reconocida ONG Provea.

A menos de un mes de los comicios -impugnados documentadamente esta semana por el equipo de Capriles Radonski ante el muy parcializado TSJ- varios gobiernos democráticos y la mayoría de los medios de comunicación del mundo libre, expresan fuertes dudas sobre la legitimidad de Nicolás Maduro, convencidos de que ha habido un fraude electoral que, para acallarlo y desviar la atención nacional e internacional, el gobierno de Maduro ha emprendido un acoso terrorista contra el Parlamento y la disidencia.

Los locos andan sueltos y encuentran “golpistas” y “terroristas” hasta en un despistado gringo que vino a Venezuela a filmar un documental. El próximo espectáculo circense será la guerra abierta entre los integrantes del manicomio del siglo XXI.

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