El Ministerio Público comienza a popularizar el delito de instigación a delinquir como sanción para quienes disientan del Gobierno y, en particular, manifiesten públicamente su descontento con los resultados oficiales de las elecciones del 14 de abril, así lo informó Thábata Molina de El-nacional.com.
En dos meses, tres personas han sido presentadas ante tribunales de control, imputadas y privadas de libertad por situaciones ligadas a la convulsión política.
El propósito intimidatorio de la acusación por este delito contemplado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo no es más que la utilización de la justicia penal como instrumento de extrema eficacia para amedrentar, amenazar y tratar de neutralizar a los adversarios políticos.
Esa es una de las consideraciones del abogado penalista Alberto Arteaga, quien advirtió, además, que ve con preocupación cómo ante la posibilidad de encarcelar preventivamente a los procesados, establecida en la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, se recurre a estos tipos delictivos para conseguir la privación de libertad.
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