A propósito de las conversaciones que pudieran destrabar el “shock parlamentario” por las pérdidas de derecho de palabra y las agresiones físicas en el seno del Palacio Federal Legislativo, el diputado Miguel Ángel Rodríguez apunta que cualquier acuerdo de cese de violencia no debe ceñirse sólo a los parlamentarios, sino extenderse a todos los venezolanos y considerar también diversos tipos de agresión que hoy están en desarrollo.
“Tenemos varios diputados lesionados y eso es inaceptable, sobre todo cuando ya hemos expuesto la naturaleza de la emboscada planificada para el 30 de abril pasado; pero también tenemos estudiantes perseguidos y judicializados, miles de empleados públicos amenazados y/o despedidos, nuevos presos por razones políticas en varios estados (…) Y, que no se nos olvide lo más importante, una población azotada por el hampa que asesinó a más de 6.600 personas en lo que va de 2013”.
Dijo que la petición de auditorías, de impugnaciones, de rectificaciones a funcionarios que “escamotean los procesos de verificación” y demás actividades en las que emprendió camino nacional e internacionalmente la unidad democrática; no deben desencadenar reacciones de violencia política en Venezuela, dado que todas esas gestiones están comprendidas en la carta magna y su acometimiento “justamente demuestra reconocimiento y esfuerzos por un sano desempeño de las instituciones”.
Reconoció Rodríguez que todos los hechos en los que se reportan pérdidas de vidas humanas, lesiones, daños a infraestructuras y otros eventos, tienen que ser investigados y sancionados con transparencia y no “con la brutal campaña de ver a todo el que disienta del gobierno como un asesino y a todo el que comulgue como exento de toda responsabilidad”.
La iglesia católica se ha ofrecido a mediar, recordó, y cree que ésta y el resto de las iglesias que hacen vida en el país, pueden ayudar mucho para que prevalezca la paz y el respeto en medio de un pluralismo reconocido en la Constitución y unos procesos de examen a lo electoral que sólo buscan que “la verdad se imponga”.
Explicó que la amenaza de procesar por traición a la patria a quienes informan en el extranjero sobre la crisis electoral en Venezuela, es también un gesto de violencia que debería de inmediato cesar.
“Elegir y ser elegido es un derecho humano y así también lo contempla la convención interamericana a la que se adscriben tanto el estado venezolano, como las naciones hermanas. No olvidemos que la jurisdicción de estos derechos es universal y no puede invocarse soberanía para violarlos”.
Llamó la atención a todos los representantes de los poderes públicos, para evitar que lo estrictamente político relegue lo más urgente para la ciudadanía: su derecho a la vida.
“Casi 7000 asesinatos este año, demandan un sacudón de eficiencia y de trabajo mancomunado en todo el país. Por cada hora de pleito político se pierden varias vidas, mientras se retrasan herramientas legislativas y se distraen fuerzas ejecutivas que son necesarias para ir recuperando la paz. Por eso, el acuerdo de no violencia debe ser extendido”.
Nota de prensa