Leonardo Palacios: Gabinete en la sombra y el derecho al buen gobierno

Las instituciones públicas en la democracia no pertenecen a una parcialidad política ni a sus dirigentes.

Es un elemento patrimonial del colectivo, de la ciudadanía y no “time sharing” o multipropiedad del partido gobernante de turno.

El objetivo esencial del ejercicio de la función pública y de los órganos que en una separación de poderes real y eficiente, a través del control de los actos y proceder de cada uno de ellos y, en especial, del Poder Ejecutivo, es garantizar que se privilegie el bienestar general de la población.

Los parámetros de medición en el cumplimiento de esa gran meta, que se manifiesta y traduce en varios contenidos, es la observancia y satisfacción de los derechos fundamentales contenidos en las convenciones y tratados internacionales y en la Constitución.

La “Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas” establece la Constitución de 1999, y se “fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de la gestión pública, con sometimiento pleno a la ley y el derecho” (art.141).

En tal sentido, las políticas públicas deben estar orientadas e impulsadas a lograr el bienestar y calidad de vida de la población.

Las políticas públicas deben partir de la observación de la realidad de toda la ciudadanía, lo cual la hace necesariamente plural y no de parcialidad alguna, debe ser dinámica y de búsqueda permanente que los órganos que la diseñan y ejecutan sean objeto de reforma continua.

Los derechos humanos en general, y el «derecho al buen gobierno y a la buena administración» es responsabilidad tanto del gobierno como de la oposición, de los ciudadanos y de las formas organizadas de la sociedad civil.

Cuando el control de los Poderes Públicos fallan en su deber constitucional y equilibrado en virtud que no controlan sino que se convierten en un muro de contención o justificación de los desmanes del Ejecutivo; o cuando las políticas públicas no son el producto de observancia total de la realidad económica y social; o cuando no son producto de la participación de la población sino imposición de modelos políticos contrarios o paralelos a la Constitución; o cuando existe una exclusión del alcance y beneficios de esas políticas se impone búsqueda alternativa de control y una fuente generadora de propuestas que propicie el control y equilibrio perdido.

Una de ellas es la configuración de un «Gabinete en la Sombra» en el cual la oposición con la participación de calificados dirigentes y técnicos puede efectuar un estrecho control de cada Ministro y funcionario jerárquico superior, de convertirse en la cara opuesta del gobierno, hacer críticas constructivas a las políticas públicas distorsivas y perjudiciales, efectuando propuestas opcionales o alternativa a la que se somete a análisis y control.

La propuesta es que el líder la oposición venezolana pueda coordinar a varios dirigentes, técnicos o profesionales con perfil de ministros, con adecuada preparación y conocimiento de la realidad para hacer seguimiento y control político limitado a la acción gubernamental y efectuar propuestas viables y sustentables en beneficio de la colectividad.

El “Gabinete democrático alternativo en la sombra” no es ni debe atribuírsele la naturaleza de instrumento desestabilizador sino una instancia de propositiva y de crítica responsable e instrumento de búsqueda de mecanismo de control dentro de los parámetros de la legalidad y la lealtad democrática que supone la representación popular en oposición.

La oposición requiere tener una solo mensaje, muchos voceros y un gran coordinador que pueda explicar a la población con tino las distorsiones, inviabilidad y riesgos de una determinada decisión gubernamental, o por el contrario, las ausencias u omisiones que comprometen la estabilidad y desarrollo económico, generan dilapidación de recursos o simplemente niegan el «derecho fundamental a un buen gobierno y a la buena administración».

La ciudadanía tiene el derecho a ser informada “oportunamente y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesada y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular (art. 143 constitucional).

No en la forma aspaventosa, circense y revanchista de «gobierno de calle» lo que se desea el venezolano, que rechaza esta forma mediática que no implica definición, participación ni control en el diseño y ejecución de políticas públicas sino que representan una forma efectista e irracional en el manejo administrativo del gobierno.

No es deseable para el país ni el debilitado sistema democrático y de gobierno mantener como única y reiterado punto de agenda el tema electoral del 14 A por cuanto todos sabemos que fue lo que sucedió y qué es lo que a nivel interno y, dada la visión sesgada y cintillo de protección de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, va a suceder.

Sin olvidar este terrible golpe asestado a la soberanía popular, que es lo que subyace y justifica, la propuesta «Gabinete democrático alternativo en la sombra», la oposición y su líder a la cabeza, debe efectuar serio, sectorializado y especializado control del gobierno, efectuar proposiciones y obtener formas adecuadas de comunicación con la población.

Es la única forma de mantener en vilo a la población, acicateada con la vía democrática electoral, comprometida con su líder y con la entusiasta seguridad que la oposición si tiene programas, planes y propuestas para un “buen gobierno y una buena administración”.

Por Leonardo Palacios Márquez
(@NegroPalacios)