El rey Juan Carlos de España decidió renunciar a su yate, el “Fortuna”, anunció este jueves la casa real, regalo en 2000 de un grupo de empresarios, cuyo elevado coste de mantenimiento contrasta con la austeridad a la que está sometida el país. AFP
“El rey ha tomado la decisión de pedir a Patrimonio Nacional que proceda a la desafectación del bien”, anunció un portavoz de la institución.
Valorado en unos 21 millones de euros (unos 27 millones de dólares), el “Fortuna”, de 41,5 metros de eslora, fue donado en el año 2000 por la Fundación de Turismo y Cultura de las Islas Baleares a Patrimonio Nacional, organismo público que gestiona los bienes del Estado utilizados por el monarca.
Los empresarios que realizaron esta millonaria colecta aseguraron que su objetivo era garantizarse la presencia de la familia real en el archipiélago mediterráneo para atraer al turismo.
Sin embargo, el rey Juan Carlos ha utilizado cada vez menos el “Fortuna” en los últimos años y la última vez que navegó en él fue en agosto pasado.
Según la prensa española, llenar el depósito de combustible del lujoso yate cuesta más de 20.000 euros, una cifra que contrasta con los drásticos recortes aplicados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en su lucha contra el déficit.
El consejo de administración de Patrimonio Nacional debe aprobar ahora la cesión del buque al gobierno español, quien tendrá que decidir si lo conserva o lo pone a la venta.
Juan Carlos I, de 75 años y con una salud cada vez más frágil, vio su popularidad caer en picado en los últimos meses debido a varios escándalos, incluido un presunto caso de corrupción contra su yerno Iñaki Urdangarin.
La opinión pública también criticó que el año pasado realizase un viaje a Botsuana para cazar elefantes mientras el país se ve asfixiado por la recesión y políticas de austeridad destinadas a ajustar 150.000 millones de euros hasta finales de 2014.
En este contexto, la casa real española emprendió una ofensiva de comunicación destinada a mejorar la imagen de la monarquía, que por primera vez el año pasado hizo públicas sus cuentas y ahora se dispone a entrar en una ley de transparencia que prepara el ejecutivo de Rajoy.