Obama: Filtraciones a la prensa sobre seguridad ponen “en peligro” a personas

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El presidente de EE.UU., Barack Obama, subrayó hoy que las filtraciones a la prensa relacionadas con la seguridad nacional “pueden poner en peligro a personas”, en alusión al caso del espionaje telefónico realizado por su Gobierno a la agencia de noticias AP.

Durante una rueda de prensa junto con el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca, Obama destacó también la necesidad de que exista un “equilibrio” entre la seguridad nacional y la protección de la libertad de prensa.

Obama dijo también que mantiene su “plena confianza” en su secretario de Justicia, Eric Holder, cuyo departamento recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas de AP entre abril y mayo de 2012.





El Gobierno sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración “muy seria” que, según la versión oficial, “puso en peligro la vida de estadounidenses”.

Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada por AP en mayo de 2012, en la que informaba de que el Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a Estados Unidos.

Según dijo hoy Obama, la seguridad nacional de EE.UU. “depende de personas que pueden operar con la confianza de que tienen sus espaldas protegidas”.

“La otra cara de esto es que también vivimos en una democracia donde la libertad de prensa y de expresión (…) ayuda a que nuestra democracia funcione”, comentó a continuación el presidente.

Por eso, a juicio de Obama, “ahora es el momento” de revivir una ley de 2009 que busca lograr “el equilibrio adecuado” entre la protección de la libertad de prensa y la defensa de la seguridad nacional.

La norma a la que se refirió Obama es la Ley para la Libre Circulación de la Información, que prevé proteger a los periodistas de ser obligados a identificar a sus fuentes confidenciales.

Esa ley fue aprobada por consenso bipartidista en el Comité Judicial del Senado en diciembre de 2009, pero nunca llegó a ser votada en el pleno de la Cámara alta porque se estancó en medio de las preocupaciones tras el escándalo de las filtraciones de WikiLeaks.