A partir del 28 de marzo de 2001, cuando una banda de forajidos tomó por asalto la sede del Consejo Universitario de la UCV con el propósito de imponer la “constituyente universitaria”, el Gobierno les declaró la guerra a las universidades autónomas. Desde entonces se dedicó a construir un sistema de educación superior alterno, el bolivariano, y a destruir el existente. La calidad de ese sistema se desconoce porque no hay forma de evaluarlo, aunque podemos suponer, por el contenido de sus pensus de estudios, que no está a la altura de la sociedad del conocimiento actual.
Una pieza del protocolo de guerra era acabar con la contratación colectiva y con su eje ordenador, las normas de homologación, vigentes desde 1982, las cuales permitían negociar los aumentos tomando como referencia el índice de inflación anual reconocido por el BCV. A partir de 2003, Hugo Chávez decidió que los incrementos para los universitarios los decidía él de acuerdo con sus propios criterios. Este capricho creó un desfase, agudizado desde 2008 cuando se produjo el último aumento de sueldos.
Durante los años recientes la FAPUV ha realizado innumerables gestiones con los ministros de Educación Superior para acordar un incremento digno. Ha sido imposible. Todos se han estrellado contra esa muralla formada por la ineptitud, la negligencia y la falta de autoridad de esos funcionarios. Yadira Córdova y Pedro Calzadilla, ambos profesores universitarios, han despreciado a los gremios. Los resultados de esta batalla desigual entre el Gobierno y los universitarios ha sido desastrosa para los segundos: los sueldos en una década fueron devorados por la inflación más alta del continente, la mayoría de los profesores ganan apenas un poco por encima del salario mínimo, aunque se les obliga a presentar pruebas de ascenso o concursos medievales y poseer un título de cuarto nivel (Maestría o Doctorado).
Sobre la institución universitaria esta política ha provocado efectos letales: solo en la UCV, 700 profesores se han retirado a lo largo de los últimos cuatro años; los concursos de oposición están quedando desiertos; postgrados se han visto obligados a cerrar sus aulas porque no se consiguen profesores dispuestos a ganar sueldos de hambre. El principal recurso de la universidad, su personal docente, se marcha en busca de mejores horizontes; quienes se quedan obligados por las circunstancias, se sienten frustrados y ofendidos por un régimen que prefiere regalarles el dinero a los tiranos Castro o a los pedigüeños de Nicaragua y Bolivia, que invertirlo en Venezuela para fomentar una educación de alta calidad, que promueva la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico endógeno.
El desprecio olímpico del régimen colmó la paciencia de los universitarios. El malestar frente al abuso se ha transformado en deseos incontenibles de luchar porque se respeten las normas legales aprobadas por la antigua Corte Suprema de Justicia hace más de treinta años. La hora cero fijada para comenzar un paro general indefinido se fijó para el 23 de mayo. Salvo algún excéntrico, que nunca falta, nadie podrá decir que la dirigencia gremial actúa de forma apresurada e irresponsable. Lleva casi una década pidiendo que las normas de homologación se obedezcan, sin que sus ruegos sean escuchados. Los remitidos semanales, los paros parciales, las movilizaciones hasta la sede del Ministerio de Educación Superior y la OPSU, han sido en vano.
El autoritarismo solo retrocede y se doblega ante la fuerza. Los universitarios han aprendido a organizarse. A pesar del acoso no los domina la desesperación. Si el gremio docente llega a ganarse el apoyo estudiantil para su justa lucha, y se forma un frente con los empleados y los obreros, sectores también agredidos por el régimen, el Gobierno sufrirá una importante derrota.
Si el régimen cree que con las universidades, especialmente con la UCV, puede hacer lo mismo que con PDVSA, se equivoca. En esas instituciones no hay que botar los profesores, pues ya están yéndose. La lucha es por conservar a quienes quedan, antes de que huyan en estampida. Por eso conviene lograr triunfos reivindicativos. La capacidad y coherencia del movimiento universitario son mucho mayores que hace cuatro años. El Gobierno va en declive. Su debilidad e incoherencia son manifiestas. Le será muy difícil ganar la batalla de la opinión pública en el caso de que los estudiantes respalden el conflicto. El régimen puede evitarlo. ¿Lo hará?
@trinomarquezc