Para el abogado y defensor de los derechos humanos Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, la Constitución no se cumple, porque desde 1999 en su artículo 272, se estipula que las cárceles se regirán bajo una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales.
La lectura de este artículo es imperativa y no potestativa, por lo cual el Estado debería entregarles los centros penitenciarios a los gobiernos regionales. Sin embargo, el gobierno ha hecho todo lo posible para centralizar el sistema carcelario.
Recordó que ante la preocupación que en su momento manifestó el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, por la situación que se venía agravando en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidente, conocido como Uribana, la cual alcanzó su momento más álgido con la requisa y evacuación que realizó la Guardia Nacional a finales de enero, acción que terminó en la masacre de 61 reos, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, aseveró que esto había sido responsabilidad del mandatario regional y de los medios de comunicación.
Prado advirtió que la falta de colaboración entre los poderes municipales, regionales y nacionales para resolver el problema, la principal víctima de esta intolerancia es el reo. “El incumplimiento del mandato constitucional, de entregarles las cárceles a los gobiernos regionales, es lo que impide que estos ejecuten políticas públicas en materia de trabajo, educación, cultura, seguridad y capacitación hacia el sector carcelario, además de la construcción y remodelación de cárceles”, acotó.
En cuanto a este último aspecto, el Observatorio Venezolano de Prisiones considera que cada estado, según su población, debe tener al menos dos establecimientos carcelarios, específicamente un internado judicial para las personas que están en prisión preventiva, es decir, los procesados; así como un centro de cumplimiento de penas, en las afueras de cada capital de entidad, para los condenados.
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