Marco A. Ponce / Mikel las Heras: Paros y escasez

Universidades: Si se pierde la razón de ser del conflicto laboral, podemos perder todos por igual

El desabastecimiento es una ola que puede convertirse en un tsunami y generar más conflictividad  

CRBV. Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.

A raíz del paro petrolero del 2002, con raíces políticas y no laborales, y de las terribles consecuencias para los empleados y trabajadores que se adhirieron a la huelga, se creo una cultura “antiparos” en Venezuela.
El miedo, vistas las represalias del gobierno contra los huelguistas, se apoderó de vastos sectores de la sociedad.

Pero a quienes hemos venido siguiendo y midiendo la conflictividad en los últimos años, no nos extraña ver acciones de huelga o paro por parte de trabajadores, por ejemplo en varias de las empresas básicas de Guayana donde son muy comunes o en el pasado reciente en gremios de la salud.

Sin ir más lejos, el jueves pasado el sindicalista Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, hizo una convocatoria a todos los sindicatos de Guayana, sin distingo ideológico, para plantear una lucha común en defensa de la huelga.
Es una herramienta de lucha reivindicativa y de protesta legal. Y en el caso de los trabajadores de Guayana podemos decir que ha sido efectiva.

A pesar de los múltiples problemas, generalmente cuando optan por este mecanismo de lucha consiguen cuando menos sentar a sus patronos en la mesa negociadora.

UNIVERSIDADES

Las universidades autónomas llevan muchos años en crisis.

Una crisis que hay que analizarla y entenderla más allá de los términos económicos, pues no es un secreto que quienes ejercen el poder hoy en Venezuela las han marcado como objetivo político.

Han sido años de reconducciones presupuestarias, paros y protestas de obreros, empleados y profesores por reivindicaciones laborales, desencuentros con las autoridades ministeriales y de violencia generada por grupos para gubernamentales dentro de ellas.

Acabamos de presenciar un debate interesante sobre la conveniencia o no de realizar un paro indefinido de actividades por parte de los profesores universitarios. En la Universidad Central de Venezuela decidieron por votación no usar, por ahora, esa herramienta de lucha. Pudimos observar cómo en el debate, previo a la votación, intervinieron grupos y personas que hacen vida dentro y fuera de la universidad.

Obviamente, la importancia de la universidad, de la academia, trasciende a un determinado grupo o sector que pueda hacer vida dentro de ella, pero los derechos de sus obreros, empleados y profesores no pueden estar supeditados a los intereses o conveniencia de otros sectores dentro o extramuros. Se puede estar o no de acuerdo con las decisiones que tomen los trabajadores, pero tratar de influir en las decisiones, o interferir en el debate, no luce muy ético, pues afecta la autonomía que deben poseer los afectados para la toma de decisiones con los mecanismos que ellos decidan.

De alguna manera, se ha politizado un conflicto que es en su origen gremial y reivindicativo. Si se pierde la razón de ser del conflicto, finalmente pueden perder todos: trabajadores, alumnos y la sociedad toda.

ABUNDANCIA DE ESCASEZ

Una de las banderas discursivas de la revolución bolivariana ha sido la soberanía agroalimentaria para garantizar la independencia absoluta de los centros de poder que producen alimentos globales. Durante 14 años este discurso “soberanista” ha servido para arengar a las masas y darle contenido al discurso y a las cadenas televisivas. Sin embargo, los anaqueles de los supermercados y bodegas populares nos muestran la realidad: no hay productos, ni importados ni nacionales.

El desabastecimiento de productos alimenticios, de la cesta básica o no, es un hecho.

En paralelo, vemos cómo la falta de inversión en la agroindustria dependiente del Estado ­muchas son plantas y plantaciones que hasta hace poco estaban en manos privadas, otras que han construido o desarrollado a través de convenios con otros países­ ha hecho imposible cubrir la demanda nacional y ha ocasionado un aumento de las importaciones, que también dependen del gobierno. Los hechos de corrupción, como los recordados contenedores con comida descompuesta de Pdval, dejan claro que hay otros intereses por encima de la soberanía agroalimentaria.

Esta política mal llevada ha generado un aumento de las colas en los supermercados y abastos para adquirir algunos productos, cuando llegan o cuando la gente presume que van a llegar. Esta situación, que hasta hace poco veíamos en muchas regiones de Venezuela, la vemos ya en Caracas en todas las redes públicas y privadas de ventas de alimentos.

El descontento por el desabastecimiento y la escasez es hoy causa de protestas pacificas en distintas regiones del país. Si le sumamos las fallas en el suministro de bombonas de gas domestico, que por cierto también está generando protestas, nos encontramos con que se está atentando contra el derecho a la alimentación de los venezolanos. Vemos aquí un conflicto en ciernes.

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ConflictoVe Fuente: TalCual, 20 de mayo de 2013, pág 7

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