Al menos 230 escuelas regionales se dejan de construir anualmente por desvío de recursos al Fonden

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La diputada Verónica Barboza, miembro de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y Secretaria de Organización de Un Nuevo Tiempo en la región mirandina, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad por inconstitucional de la Ley de Contribuciones Especiales sobre los Precios Extraordinarios y Exhorbitantes de los Hidrocarburos.

 

Barboza explicó que dentro del informe sobre el impacto económico que presentó la Asamblea Nacional establece que es un impuesto y que en vez de direccionarlo al Tesoro Nacional lo hace es hacia el Fondo de Desarrollo Nacional, a su juicio esto le quita el doble de los recursos a los Estados y Municipios. “Hoy vinimos a consignar el informe de la AN donde dice que no es una contribución especial sino que es un impuesto y que en vez de darle los recursos a los venezolanos a través de las arcas públicas se lo entrega es al FONDEN que desde el 2007 no rinde cuentas”, aseveró.

 

Asimismo, la legisladora por la tolda azul, aseguró que con esos recursos se pudiera duplicar la inversión social en el país, pues “pongo el caso de Miranda, que construimos 10 escuelas por año, pues con ese presupuesto que se está yendo al FONDEN podríamos construir 20 escuelas anuales, estamos hablando que le estan quitando diez escuelas anuales a cada estado lo que se traduce en 230 planteles que se están dejando de construir en el país”.

 

Igualmente le cuestionó al Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello si revisan dicho informe ya que “le estan dando al una gran cantidad de recursos al FONDEN y no tenemos la certeza que se este direccionando a proyectos productivos para el país y que en vez de estar investigando como mejorarían la vida de los venezolanos simplemente se dedican a la politiquería”.

 

Por último, la diputado de UNT Verónica Barboza, indicó que espera que el Tribunal Supremo de Justicia les permita pronto dar la audiencia para permitirles a los estados y municipios tener los recursos que mejoren la calidad de vida del pueblo.