Durante las últimas semanas, el Ejecutivo Nacional ha puesto una vez más sobre el tapete el debate sobre el desempeño de los medios privados y sus periodistas. Si bien este es un tema siempre susceptible de análisis y discusión en una sociedad democrática, esta vez como en otras oportunidades no se ha propiciado un diálogo amplio, objetivo y sosegado con la participación de los diversos actores de la vida nacional, especialmente a los que tienen que ver con el hecho comunicacional, sino mediante el cuestionamiento, la retaliación o, en el mejor de los casos, con el llamado de los propietarios de medios por parte de la presidencia de la República o el ministro de comunicación para exigir o “sugerir” pautas de conducta.
Propietarios de medios han sido invitados al palacio de gobierno para exigirles trabajar “para la construcción de la paz”, mientras a periodistas de medios impresos se le ha descalificado e impedido expresamente el acceso a las fuentes de información, como en los casos de los colegas Maru Morales, del diario El Nacional, a quien se le impide el acceso a la Asamblea Nacional, y Eugenio Martínez, de El Universal, a quien la presidenta del CNE calificó de “opinador de oficio” y se negó a escucharle la pregunta que le iba a formular en una rueda de prensa. Son dos de los muchos ejemplos que se pueden citar de los conocidos en tiempos recientes.
El gobierno nacional ejerce toda la discrecionalidad sobre los campos público y privado del espectro comunicacional del país, pero mientras exige, impone, cuestiona, multa y restringe y cierra canales de televisión y emisoras radiales, no admite discusión sobre el uso partidario, excluyente, sectario y propagandista que hace del llamado Sistema Boliviariano de Comunicación e Información (SIBCI), en el que por norma general no tienen cabida las visiones y opiniones de los sectores que disienten de cualquier política del gobierno y que son cotidianamente invisibilizados, a menos que se les mencione para ser atacados.
Mención especialísima requiere el canal de la Asamblea Nacional, ANTV, el cual debe dar cobertura a las actividades que desarrollan las representaciones parlamentarias. Desde hace años ANTV se comporta como si se tratara de una televisora de propiedad privada de la fracción parlamentaria oficialista. Uno de las desviaciones más graves que allí se practica es la censura en la cobertura televisiva de las sesiones, lo cual fue muy evidente en el episodio donde varios parlamentarios de oposición fueron agredidos salvajemente por sus propios colegas.
Estando el Poder Legislativo integrado por representantes elegidos de manera universal, directa y secreta por la voluntad soberana del pueblo venezolano es inconcebible que la representación opositora no disfrute de iguales derechos en ese medio comunicacional que es propiedad de todos los venezolanos. En este sentido respaldamos todos los esfuerzos que realicen las fuerzas democráticas del país, los gremios y la sociedad civil para la democratización de ANTV.
Asimismo respaldamos las iniciativas desarrolladas por la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), así como la de la Seccional del Distrito Capital para defender los derechos de los reporteros que cubren la fuente parlamentaria a los que se les mantiene vedado el ingreso a la cámara.
Compra de medios
Expresión Libre acompaña la expectativa de la opinión pública en cuanto que el canal de noticias Globovisión, que ha sido la más importante y plural de las voces críticas en el país, mantenga esa línea informativa, al tiempo que deploramos la salida de su programación de espacios periodísticos de gran relieve y aceptación y nacional.
De la misma forma, consideramos que el cierre del programa La Hojilla, que se transmitía por VTV, era una buena oportunidad para abandonar una práctica reñida con las elementales normas de la ética y la decencia, pero observamos con preocupación como dicho espacio ha sido sustituido por otro de similares características.
Se informa, además, de la compra de los medios de la Cadena Capriles por un grupo de inversionistas que han sido vinculados a esferas del Gobierno, así como de ofertas a Televen y al diario El Universal. Ojalá nos estemos frente a una operación orquestada y facilitada financieramente desde el oficialismo para aumentar el cerco contra las voces críticas, la denuncia y el reclamo a los que el pueblo venezolano tiene derecho.
Finalmente, exigimos del gobierno nacional inicie la democratización de los medios públicos y pasen a actuar en función del interés de todos los venezolanos y no al servicio de una sola parcela política.
Prensa CNP Venezuela