“Todo el Estado fue puesto al servicio de Maduro”

(Foto AVN)

Los observadores del Instituto de Altos Estudios Europeos, cuyo informe del 14A pone en duda la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República, participaron en los comicios del 7-O y consultaron varias fuentes para producir “alertas tempranas” sobre “posibles riesgos contra el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia y la paz”.

HERNÁN LUGO-GALICIA / CELINA CÁRQUEZ /El Nacional

En esta segunda entrega del informe de la misión internacional, de 28 páginas, el IAEE evalúa los colegios electorales y valora que, a diferencia del 7-O, cuando las colas duraron entre 3 y 5 horas, el 14A no vieron “congestiones”; el tiempo promedio de votación varió entre 20 y 30 minutos y a las 11:00 horas corroboraron que había votado 50% del registro de los 17 centros visitados. No obstante, les preocupó que los mismos miembros y testigos de mesa hayan participado en octubre de 2012 y en 2013, por cuanto se produce “una profesionalización del deber ciudadano”.

En consecuencia, dicen: “Es deseable que los electores sean elegidos para formar parte de las juntas y mesas electorales de una forma aleatoria y eventual, pues el ser elegido por un período tan largo facilita el fraude electoral e impide a otros el ejercicio de este deber y derecho ciudadano”.

El 25 de marzo de 2012 el PSUV instaló la Escuela de Formación de Testigos, lo que le permitió instruir a 134.000 expertos electorales para el 7-O y contar, de manera adicional ese día, con 32.600 testigos de mesa porque al momento de instalarse estas no estaban presentes los representantes de la oposición. La “maquinaria roja” colocó el 14A a 117.054 militantes como miembros y testigos en 13.654 centros de votación, bajo la supervisión de 39.038 jefes de patrullas, según reportes de la mencionada escuela.

 

Violación a leyes. Durante los recorridos por 17 colegios electorales en Táchira, Mérida, Zulia y el Distrito Capital, la misión europea comprobó la comisión de delitos electorales: a menos de 300 metros de los centros había grupos con megáfonos y sonido “invitando a votar por Maduro”. La norma comicial prohíbe hacer propaganda el día de la elección.

“Una parte de los coordinadores de colegios o funcionarios señalaron su pertenencia al PSUV como miembros activistas del partido de gobierno con cargos directivos (violación del artículo 36 del Reglamento Electoral)”.

En el informe denuncian el ventajismo del Gobierno al usar los organismos del Estado para posicionar un candidato y el proyecto político, en detrimento del equilibrio de poderes que debe haber en una democracia. “Existe una forzada identificación de una gran parte de los directivos y, por ende, de la práctica totalidad de la estructura administrativa interior del Estado con los objetivos del PSUV y de su candidato Nicolás Maduro Moros”, indica el informe, que observa una violación de la Constitución (artículos 141 y 145, que señalan que el Estado y los funcionarios no están al servicio de parcialidad política) y del Reglamento Electoral.

Entre otras fallas detectadas señalan: la inexistencia de boletines de información oficiales sobre participación y desarrollo de la jornada; el cierre de centros durante la auditoria ciudadana; “vaguedad e indeterminación de la ley sobre número de asistentes a la verificación ciudadana”; y “el secretismo dentro del CNE” sobre los resultados electorales.

 

IAEE aclara incidente en Montalbán 

Los observadores recogieron los testimonios del incidente ocurrido en el Liceo Consolación, Montalbán, donde indigentes fueron llevados a votar. En un correo electrónico el IAEE aclaró que en el informe final no se refirieron al diputado del PSUV Robert Serra. “En ningún lugar de nuestro informe se señala que la persona portadora de las cédulas fuera un parlamentario; tampoco se da un nombre propio a la persona que sí citamos y que se presentó como parlamentario ante la misión y ante los medios presentes en el lugar”, escribió la directora del IAEE y Rediunipaz, Claudia E Salcedo Baquero.

La prensa escrita y Globovisión registraron cómo Carlos Sierra (no Robert Serra, como se escribió ayer) pretendía que los miembros de la Misión Negra Hipólita sufragaran en Montalban.

IAEE relató lo siguiente: “Al lugar llegaron más de 4 autobuses y una ambulancia con aproximadamente 70 personas, habitantes de la calle en estado de vulnerabilidad e incapacidad, en compañía de una persona en cuyo poder estaban varias cédulas, otra persona que se identificó como un parlamentario y un cortejo de motorizados armados”.