Editorial El Tiempo: Cuantificar un atroz flagelo

No obstante el consenso que hoy existe sobre el secuestro como detonante de un irreversible proceso de degradación del conflicto, faltaba un esfuerzo para poner en números su real dimensión. Una tarea fundamental si se quiere darles a quienes lo han padecido, sobre todo en el caso de los que son responsabilidad de las Farc, el lugar que se merecen a la hora de reconocer el sufrimiento de las víctimas y recuperar al menos una parte de la verdad histórica.

Pero siempre, al emprender esta tarea, surgía el obstáculo que representaba la fragmentación de la información existente en diversas entidades, así como los cambios en la definición legal del delito, que impedían construir un acervo coherente de datos que aportara las luces que hacían falta. Por eso hay que aplaudir el meticuloso y a la vez muy riguroso trabajo de investigación llevado a cabo por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la firma Cifras y Conceptos, cuyos primeros resultados fueron presentados en días pasados en un informe titulado ‘La verdad secuestrada’, un aporte notable que logra, en buena medida, llenar el mencionado vacío.

Luego de cruzar información de bases de datos de cuatro entidades oficiales, más una exhaustiva revisión de prensa y diferentes publicaciones, los investigadores lograron por fin elaborar la más completa radiografía de tan terrible flagelo que se haya hecho en el país.

Los resultados son reveladores e impactantes. Comenzando por el de los 39.058 colombianos que padecieron este delito entre 1970 y el 2010, incluidas las 301 personas que lo sufrieron más de una vez. La recopilación de casos muestra que la duración más frecuente estuvo entre uno y treinta días –cerca del 60 por ciento– y que quienes más lo han sufrido son comerciantes, personas ligadas al sector agropecuario y funcionarios públicos, incluidos, desde luego, soldados y policías.

Llama la atención, también, la escalofriante cifra de 10.466 secuestrados cuya suerte hoy se desconoce. Similar sensación produce conocer que el 15 por ciento de los plagiados fueron menores de edad, o que en el 17 por ciento de los episodios documentados hubo tortura y violaciones de mujeres.

No menos desconcertante es la impunidad. Tiene que ser motivo de indignación saber que de 39.058 secuestros reportados, solo en 3.144 se condenó a responsables, que la duración promedio de una causa judicial es de seis años y que de 28.477 denuncias solo la mitad escalaron hasta abrirse una indagación.

Del total de casos registrados, el 84 por ciento tuvo fines económicos, lo que confirma que, si bien en los años 70 y comienzos de los 80 fue utilizado principalmente como arma para ganar espacios políticos, pronto se consolidó como una atroz empresa criminal. Es de recalcar, igualmente, que tuvo su máximo auge a finales de los 90, cuando se dispararon tanto los casos como la codicia de los criminales. Fue en aquellos años cuando más altas eran las pretensiones económicas de los plagiarios.

La indagación confirma lo que ya por otras vías se había podido establecer, y es que la guerrilla se entregó de lleno a esta práctica y a niveles que erizan la piel: de 9.000 secuestros con autor conocido, las Farc y el Eln son responsables del 58 por ciento. Y de ellos, 37 por ciento corresponde a las Farc, unos 3.400, aunque podrían ser más, pues, si se incluyen los que se presume fueron de su autoría, la cifra rondaría los 10.000. Es revelador que del total atribuido a dicha organización, el 81 por ciento tuviera motivos económicos.

Y, no obstante que en 1.006 de los 1.102 municipios que tiene el país se registró este delito, la recopilación de datos revela que si alguna región sufrió este azote fue el departamento del Cesar, que arrojó la tasa más alta por cada 100.000 habitantes. En cifras absolutas, Antioquia fue el que más casos registró, seguido de Valle, Cesar y Bogotá.

Queda claro que, desvirtuando algunas preconcepciones al respecto, sus víctimas se encuentran en todos los estratos. Y que, así como ya se superó la horrible noche de su auge –su tope fue en el 2002, cuando se contaron más de 3.000–, ha entrado en una fase que los investigadores denominan de reacomodamiento.

Es la que hoy se vive y de ella son protagonistas las bandas criminales, que han pasado a ser quienes más personas retienen ilegalmente. En esta nueva fase, las pretensiones económicas son más reducidas, por lo que se afecta a un sector mucho más amplio de la población.

Ante este panorama, la obligación que subyace es la de no bajar la guardia hasta lograr que esta conducta tan inhumana desaparezca. No puede haber complacencia con indicadores bajos comparados con la peor época. El secuestro no puede nunca ser asumido como irremediable.

Otro desafío importante está consignado en la introducción del trabajo. Y es que este esfuerzo debe ser, ante todo, voz para las víctimas. Tener más claridad respecto a lo hondo de la herida permite saber mejor cuánta verdad se necesita para cerrarla, responsabilidad que recae sobre los victimarios. De esto deberán tomar atenta nota en la mesa de La Habana. A ver si pronto se puede pasar la vergonzosa página.

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