Tribunal defiende decisión sobre caso Berlusconi

El máximo tribunal penal de Italia defendió el miércoles su decisión de adelantar la apelación por fraude fiscal del ex primer ministro Silvio Berlusconi, argumentando que tenía que actuar con rapidez para programar el caso antes de que expirara el estatuto de limitaciones.

Los aliados de Berlusconi han denunciado la decisión de la Corte de Casación de programar la audiencia de apelación para el 30 de julio, y han amenazado con paralizar el Parlamento en protesta. La fecha del 30 de julio es demasiado pronta, dado que los abogados de Berlusconi depositaron los documentos de apelación recién el 19 de junio. Normalmente programar una audiencia de esta naturaleza tarda meses en el sistema de justicia notoriamente lento de Italia.





El caso involucra al imperio Mediaset de Berlusconi y representa una grave amenaza para la vida política del multimillonario magnate de los medios, ya que si se confirma la condena, Berlusconi corre el riesgo de que se le imponga una prohibición para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Los riesgos para el frágil gobierno de Italia son igualmente altos: los aliados de Berlusconi han amenazado con paralizar el Parlamento durante tres días para protestar por lo que consideran un intento del poder judicial italiano de eliminar a Berlusconi de la vida política.

En mayo, un tribunal de apelación de Milán confirmó la condena de Berlusconi por fraude fiscal: cuatro años de prisión y la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años. Fue condenado por un ardid para inflar el precio que su imperio mediático Mediaset pagaba por los derechos de transmitir películas estadounidenses en televisión y quedarse con la diferencia. Berlusconi rechaza los cargos y ha acusado a los magistrados de Milán de procesar casos por motivos políticos en su contra.

Berlusconi se ha enfrentado a decenas de casos legales en sus dos décadas en la política, pero por lo general ha sido absuelto o los cargos han sido descartados debido al vencimiento del estatuto de limitaciones. AP