A medida que los efectos del saqueo al país son ya inocultables y la inseguridad“acompañada de violencia y muerte” deviene en la impunidad más absoluta, el gobierno intensifica la represión y censura sobre los escasos medios y periodistas que se atreven a difundir los delitos oficiales y a denunciar la obscena complicidad que los poderes públicos despliegan para justificarlos. El colega Nelson Bocaranda fue citado por la Fiscal, empeñada como está en cumplir las órdenes de culparlo de haber provocado la destrucción de un CDI de La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo. Ni el CDI presenta daño alguno (como comprobase Provea), ni Nelson incitó a la violencia. Lo que hizo el 14-A fue difundir en su Twitter la información dada por gente del sector, de que en dicho CDI “hay unas urnas electorales escondidas y los cubanos allí no las dejan sacar”. A partir de ese mensaje se activó el aquelarre rojo contra él. Está claro que el gobierno le está pasando factura a Bocaranda por haber desmontado las mentiras oficiales sobre la enfermedad y muerte del presidente Chávez. Tan cómplice es la Fiscal, que ni siquiera impidió la agresión que grupos rojos perpetraron contra Nelson a la salida del interrogatorio de 4 horas.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) -donde acuden los crecientes perseguidos del régimen para contar sus cuitas y solicitar ayuda- recién dio a conocer un documento en el que muestra su preocupación por la “inseguridad acompañada de violencia y muerte” e insta al Poder Judicial a combatir la impunidad: “Es indispensable la despolitización y la imparcialidad de los agentes de justicia en el ejercicio de sus funciones (… ) El drama de los presos, perseguidos y exiliados políticos niega la posibilidad de disentir, característica de una verdadera democracia”. Mientras la CEV exhorta a los poderes a ser imparciales y ponerse del lado de la justicia, la Fiscal Ortega Díaz hace todo lo contrario. En Globovisión (y gracias al profesionalismo de los entrevistadores) la Fiscal exhibió impúdica su justificación de los crímenes que se cometen desde las esferas del Poder al afirmar que los Guardias Nacionales que asesinaron a madre e hija en el estado Falcón “no forman parte del Plan Patria Segura” y que la GN “está preparada para garantizar la seguridad ciudadana (… ), defender los derechos humanos y garantizar la vida de las personas”. Al ser preguntada por qué los efectivos se encontraban disparando en la calle si no ejercían labores del mencionado plan, respondió “eso forma parte de la investigación”. Testigos presenciales del horrendo crimen indican que 25 militares descargaron sus fusiles rusos contra un carro en el que viajaban una mujer y sus 3 hijas adolescentes: “Luiminer Pacheco (40) y una de sus hijas fueron asesinadas el 4 de julio, a las 8 pm, en un operativo de la GNB, en el que dispararon 50 veces” (EU 10-07-13). Al menos dos docenas de GN buscaban a unos supuestos delincuentes que viajaban en un Spark azul: A Luiminer, que conducía su Chevrolet Corsa plateado, le faltaba una cuadra para llegar a su casa cuando los GN dispararon sin aviso alguno. Los vecinos salieron de sus casas e impidieron la fuga de parte de los militares asesinos (“quienes dispararon primero, se fueron en sus motos. Ya solo quedaban 10 funcionarios cuando los vecinos de Luiminer los acorralaron”). Esta semana dos soldados del Ejército detuvieron a un “pimpinero” en el Táchira y según cuenta un testigo y familiares, fue torturado y obligado a tomar el combustible de su pimpina, de cuyas consecuencias murió. La verdad es que el gobierno ha lanzado a la calle a unos militares -muchos de ellos aleccionados por el odio y seguros de su impunidad- sin entrenamiento alguno para labores de “seguridad ciudadana”, aunque la creencia generalizada es que están en la calle para impedir las crecientes protestas sociales.
El saqueo de los últimos 14 años se expresa, entre otros hechos, en una devaluación de más del 100% solo en 2013 (con el crudo a más de $100) y en reservas internacionales y divisas del Fondo Chino y otros fondos trasvasadas a empresas rojas de maletín y a los bolsillos de los boliburgueses: “la corrupción es un problema mundial, es un problema que siempre ha existido” fue la respuesta de la Fiscal ante los atónitos colegas de Globovisión. El Bank of América calcula que el dólar Sicad con la subasta de esta semana se coloque en Bs. 20 (el innombrable más que lo duplicaría), pero otro ocultador, el director del BCV Armando León, ya advirtió que “el precio final del tipo de cambio sólo será conocido por los sectores a los que les sean asignados los dólares”.
Moraleja: “que saqueen, maten, pero que no se sepa”.